Encontrar una vivienda en propiedad o en alquiler y asumir los gastos que conlleva se ha convertido en un auténtico calvario financiero para buena parte de la población. Y entre los jóvenes, el problema es aún más acusado, hasta el punto de que el riesgo de caer en situación de pobreza resulta significativamente mayor en este colectivo que en el resto. Según la monografía Desajustes en el mercado de la vivienda en España, elaborada por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el 32,9% de los jóvenes estaría en situación de pobreza si se tuviera en cuenta su renta disponible tras cubrir los gastos en vivienda.
A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de fuentes propias, el estudio —dirigido por Francisco Pérez y José García Montalvo, con la colaboración de los economistas Carlos Albert, Eva Benages y Ángel García—, y que analiza con detalle cómo se reparten los gastos en los hogares españoles, concluye que el gasto en vivienda, incluyendo la energía, el agua y el saneamiento, absorbe en torno al 19% de la renta disponible del conjunto de los hogares.
Ese esfuerzo medio, sin embargo, varía de forma notable según el régimen de tenencia. Quienes viven de alquiler a precios de mercado destinan el 34% de sus ingresos a cubrir estos costes, frente al 24% de los hogares propietarios que aún pagan hipoteca. En el caso de los inquilinos con alquileres fuera de mercado —como cesiones de vivienda o vivienda social—, el porcentaje se reduce al 17,7%; y desciende todavía más entre quienes poseen una vivienda en propiedad libre de cargas, que dedican apenas el 9,9%.
El informe subraya, además, que la distribución de la población según el régimen de tenencia presenta “desigualdades importantes por niveles de renta”. El alquiler a precios de mercado es mucho más frecuente entre los hogares con menores ingresos, mientras que la propiedad sin hipoteca se concentra en las rentas más altas. “La combinación de bajos ingresos y un mayor coste de alojamiento asociado al pago del alquiler se traduce con mayor frecuencia en una carga elevada”, advierte el texto.
El grado de esfuerzo que los hogares destinan al pago de la vivienda y de los gastos asociados es uno de los ejes centrales del estudio, en la medida en que permite visibilizar hasta qué punto los jóvenes afrontan una situación sensiblemente más adversa que la de otros colectivos, especialmente en un contexto de encarecimiento sostenido como el actual. La tasa de pobreza, definida como el porcentaje de hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta más frecuente (en torno a los 36.100 euros en 2025), se situó en España el año pasado en el 19,5%.
No obstante, cuando al cálculo se incorporan todos los costes vinculados a la vivienda, ese porcentaje de hogares se eleva hasta el 23%, pero aún hay cotas más elevadas: entre aquellos que están encabezados por personas de entre 16 y 34 años, la tasa de pobreza alcanza el 32,9%, casi 10 puntos más que la media. Solo la población extranjera presenta una incidencia superior, con un 52,3%, según recoge el informe.
Distintas innovaciones
“Los jóvenes son uno de los colectivos que más está sufriendo las dificultades de acceso a la vivienda, lo que está retrasando la edad media de emancipación, que se sitúa en los 30 años frente a los 26 de media de la Unión Europea”, recalca el informe. “La precariedad laboral, marcada por la temporalidad y la parcialidad, unos salarios reales inferiores a los niveles previos a la Gran Recesión, el retraso en el momento en el que heredan de sus padres por la mayor esperanza de vida de estos, y la movilidad creciente, impulsan la demanda de viviendas en alquiler de los jóvenes y les obligan a hacer más sobresfuerzo para cubrir los gastos de alojamiento”, añade.
Para paliar las actuales dificultades de accesibilidad a la vivienda en España, el texto propone cuatro tipos de innovaciones para acelerar el “imprescindible crecimiento de la oferta”. Estas pasan por impulsar la construcción industrializada; llevar a cabo una “gestión urbanística más eficiente y rápida”, apoyando la tramitación en permisos digitales de construcción que aceleren la concesión de licencias; actualizar los códigos de edificabilidad para facilitar la construcción de viviendas prefabricadas, la división de grandes viviendas o la transformación de espacios comerciales e industriales en hogares; y favorecer mecanismos para coordinar las competencias urbanísticas en los diferentes niveles de la administración “con el fin de evitar que los intereses locales o particulares en la gestión de suelo y urbanismo se conviertan en barreras para la eliminación de la grave escasez acumulada de viviendas”.
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