En manos del juez penal de Pichincha, Geovanny Freire, estará el dilucidar si son o no llamados a juicio las siete personas que son acusadas de haber intervenido como autores intelectuales en algún nivel en el asesinato, al estilo sicariato, del candidato presidencial de la Alianza Gente Buena-Construye, Fernando Villavicencio.
La mañana de este 5 de junio de 2026, a las 09:45 se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso conocido como Magnicidio FV.
En esta causa son procesados penalmente por el delito de asesinato: el exministro del correísmo José Serrano; el llamado a juicio en el caso Metástasis, Xavier Jordan; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga; el condenado por actos de corrupción cometidos en los sectores de la salud y la justicia, Daniel Salcedo; y tres cabecillas del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), Los Lobos.
Previo a iniciar la diligencia, el juez informó los términos en los que se desarrollará y dispuso que habrá un receso a las 13:00 y al retomar se mantendrá hasta las 16:00. Se retomaría el lunes próximo.
No obstante, al momento, el juez evalúa solicitudes de información que hace la defensa de José Serrano, María del Mar Gallegos.
La abogada informó al juez que no ha ingresado al expediente información relacionada con asistencias penales internacionales solicitadas a Colombia y Estados Unidos, entre otra información.
El juez escucha a las partes procesales, antes de continuar con el acto judicial.
En marzo pasado concluyeron los 120 días de una fase de instrucción fiscal que arrancó el 3 de septiembre de 2025.
El crimen ocurrió al norte de Quito la noche del 9 de agosto de 2023, justo cuando Fernando Villavicencio abandonaba un mitin político en un coliseo al norte de Quito e intentaba subir a una camioneta que no contaba con blindaje.
Ahí fue atacado por un grupo de sicarios, de los cuales ninguno está vivo.
La audiencia de este viernes se instaló con la presencia vía telemática desde la Cárcel 4, en Quito, al procesado Daniel Salcedo; y desde la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, a los coprocesados Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, integrantes de Los Lobos.
José Serrano, quien se mantiene detenido en Estados Unidos por un tema migratorio y, Xavier Jordán, también domiciliado en territorio estadounidense, fueron representados en la diligencia por sus abogados.
Una situación similar la mantiene el exlegislador Aleaga, quien se conoce estaría en Venezuela y lo representa en la diligencia su abogado defensor.
En cambio, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, cabecillo máximo de Los Lobos y también procesado en Magnicidio, permanece preso en España a la espera de que se defina un proceso de extradición en curso debido a pedidos hechos por Ecuador y Estados Unidos.
Según la Fiscalía, alias Pipo, Lobo Menor y Gordo Luis habrían participado en la planificación previa del crimen contra Villavicencio. De acuerdo con la teoría de Fiscalía, los ahora imputados coordinaron previamente el ataque mortal con apoyo de grupos irregulares armados de Colombia, por pedido de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo. Todo se habría dado a cambio de altas sumas de dinero.
Los siete procesados tienen vigente una orden de prisión preventiva, pero solo tres la cumplen: Salcedo, Arboleda y Aguilar. Todos, a excepción de Aleaga, han apelado las medidas cautelares de prisiones preventivas dispuestas.
En primera instancia la diligencia se instalará para escuchar los fundamentos de supuestas nulidades que afectarían la validez procesal de todo lo actuado dentro de la instrucción. Luego de ello, el juez Geovanny Freire deberá analizar los argumentos expuestos por los acusados y la respuesta que entregue la fiscal del caso, Ana Hidalgo, y tendrá que decidir si declara o no la validez procesal.
Si acepta las nulidades señaladas, el proceso penal deberá retrotraerse al momento en que se ubicaría la supuesta nulidad. En cambio, de no se aceptarse las nulidades planteadas, lo que llegará es que se declare la validez de todo los actuados, siendo el turno de la fiscal Hidalgo para exponer su dictamen acusatorio, dar a conocer la teoría del caso, los elementos con que cuenta contra cada uno y elevar su pedido de que todos sean llamados a juicio.
Las acusaciones particulares, entre las que están Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del político asesinado; y Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, también intervendrán en esta fase, así como lo deberán hacer las defensas de los acusados.
Indistintamente de cual sea la decisión del juez sobre si llama o no a juicio, todos los sujetos procesales: Fiscalía, acusación particular y acusados, deben anunciar la prueba pericial, testimonial y documental que usarán si es que se decide emitir un auto de llamamiento a juicio para varios o para todos los encausados. (I)
