La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó en abril del año pasado un grupo de expertos al que hizo un encargo: analizar y actualizar el marco normativo sobre responsabilidad social de las empresas. Les pidió un informe que se ha presentado este miércoles en el ministerio y que contiene 100 propuestas de mejora, entre las que destacan dar más peso a la responsabilidad social en la selección de la contratación pública, ayudas para que las pymes puedan cumplir con estos requisitos, fomentar que las compañías paguen más a los directivos comprometidos, más protección para los empleados que denuncien fallas o articular compensaciones para las comunidades afectadas por los proyectos de multinacionales en el extranjero. Trabajo anunció que el informe sería la base previa para abrir una negociación con los agentes sociales que acabe conduciendo a una reforma legislativa. La misma tiene escasas opciones de éxito, dada la mayoría de la derecha en el Congreso y el rechazo patronal a las propuestas de Díaz.
