Hacienda está poniendo el ojo sobre el sector inmobiliario a medida que el mercado de la compraventa y el alquiler mueven cada vez más dinero. Este lunes, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha una actuación coordinada en seis comunidades autónomas contra el presunto fraude fiscal en la gestión de la compra y arrendamiento de viviendas. La operación, bautizada como Insulae, afecta a 49 sociedades dedicadas a la intermediación en la comercialización de inmuebles, así como a 18 personas físicas vinculadas a ellas, entre las que se encuentran socios, administradores y familiares directos.
La operación ha movilizado a más de 170 funcionarios del área de Inspección, incluidos especialistas de las Unidades de Auditoría Informática y efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera. De forma simultánea, los equipos han realizado actuaciones en 41 locales repartidos entre 12 provincias. La mayoría se encuentran en la Comunidad Valenciana, además de Andalucía, Cataluña, Madrid y los dos archipiélagos.
La intervención tiene su origen en una serie de denuncias tributarias previas que apuntaban a la posible existencia de irregularidades relacionadas con ingresos no declarados, especialmente mediante el cobro de comisiones en efectivo. Según la Agencia Tributaria, estas prácticas se habrían producido en un contexto de incremento de los precios de la vivienda y de elevada actividad en el mercado inmobiliario.
El organismo dependiente de Hacienda recuerda que las agencias inmobiliarias intervienen actualmente en el 70% de las operaciones de compraventa y alquiler de viviendas en España. Además de poner en contacto a compradores y vendedores y a arrendadores e inquilinos, muchas de estas empresas prestan servicios complementarios “como la tasación del inmueble, realización de visitas comerciales, negociación del precio final de venta o arrendamiento, acceso a condiciones de financiación, asesoramiento legal y financiero o firma del propio contrato de arrendamiento”, según explica la Agencia Tributaria en una nota difundida este lunes en la que no se menciona el nombre de las empresas inspeccionadas.
El organismo “ha recibido diversas denuncias tributarias que apuntan a la posible existencia de una bolsa de fraude en las sociedades objeto de la presente actuación operativa”, añade la nota. El fraude sería consecuencia de la utilización de dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas o declaradas parcialmente, así como el cobro de cantidades irregulares en forma de comisiones a inquilinos que, según recuerda la agencia, están prohibidas por la ley de vivienda. A la lista se suman cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a las viviendas. En relación con estos cobros, se denuncian también pagos de porcentajes o bonus a los comerciales que no quedan reflejados en sus nóminas.
Dentro de la misma operación, añade la nota, se ha realizado un estudio de los socios de las empresas que puedan presentar signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas. Las formas de fraude denunciadas implican ventas ocultas, y estas podrían estar materializándose en incrementos patrimoniales en los socios.
En marzo, cuando hizo público el plan de control tributario para 2026, Hacienda avanzó que elevaría el control sobre el sector inmobiliario y sobre los alquileres de temporada y pisos turísticos. El ministerio explicó que pondría el foco en el conjunto del sector, con un refuerzo integral que abarcaría todas las fases del negocio, desde la promoción y construcción hasta la comercialización e intermediación. Y avisó de que se vigilaría con especial celo la correcta declaración de los rendimientos obtenidos a través del régimen de comisiones de las empresas intermediarias para asegurar que el tirón del mercado tenga un reflejo adecuado en las arcas públicas.
