Las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia, habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible de manera ilegal entre los segmentos automotriz, industrial y naviero nacionales e internacionales.
Estas aparentes operaciones se investigan en el denominado caso Triple A, que derivó también en el llamado caso Goleada.
Triple A ya se halla en etapa de juicio, mientras que Goleada está en la de instrucción fiscal.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), el alcalde de Guayaquil, que actualmente se encuentra con prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, y su familia eran accionistas de las siguientes comercializadoras de combustible:
- Copedesa S. A., dedicada al sector automotriz
- Corpalubri S. A., dedicada al segmento industrial
- Indudiesel S. A., dedicada al sector industrial
- Ternape S. A., dedicada al segmento naviero
De acuerdo con el seguimiento que hizo la ARCH, estas comercializadoras y sus estaciones de servicio (gasolineras), depósitos industriales o centros de distribución tenían una ubicación geográfica estratégica, sobre todo en frontera.
Por ejemplo, Copedesa tenía en su red de distribución la estación de servicio Buenavista, la estación de servicio Araujo y la gasolinera La Chica en la provincia de El Oro. En Loja, Copedesa tenía la estación Espíndola; en la provincia de Zamora Chinchipe, la gasolinera Zambrano y un operador llamado Felcorp, que administraba las estaciones de servicio San Francisco y 8 de Septiembre, en la provincia del Guayas.
En cuanto a la comercializadora Corpalubri, del segmento industrial, tenía una red de distribución con tres depósitos: Buenavista, que es la misma que la red de Copedesa, pero para el sector automotriz. El depósito industrial Zambrano, ubicado en la provincia de Zamora, y el depósito Indudiesel, ubicado en Guayas.
En cuanto a Ternape, del segmento naviero, tenía a su cargo un centro de distribución llamado Corpalva Naviero Nacional y Corpalva Internacional, ubicado en la provincia de Manabí.
Con esta trazabilidad, la ARCH detectó ciertas particularidades: la ubicación geográfica estratégica y la conexión de estas empresas en manos de los mismos dueños; es decir, Aquiles Alvarez y su familia, que adquirían combustible subsidiado para los sectores automotriz y naviero nacionales.
A la vez, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Copedesa facturaba volúmenes de diésel superiores a la capacidad física de almacenamiento. Corpalubri e Indudiesel eran los destinos de evasión, en los que se detectó una venta de 14,9 millones de galones de origen desconocido a clientes no autorizados. Mientras que a través de Ternape se desviaba combustible al sector naviero internacional con la entrega de 5,5 millones de galones subsidiados a embarcaciones extranjeras.
La institución sostiene que en este desvío de combustible intervenía la comercializadora Gas Groupco, que tenía la estación de servicio Gasquil y estaciones de servicio en frontera.
En suma, la Fiscalía señala que existió una ruptura deliberada del mercado de hidrocarburos para desviar combustible subsidiado, generando un perjuicio estatal estimado en $ 62 millones, mediante una red interconectada, cuyos beneficiarios eran Aquiles Alvarez y su familia a través de sus empresas.
Eso se conecta con lo que sustenta la ARCH sobre el modus operandi de esta presunta red. La agencia explica que este esquema utilizaba el combustible del segmento automotriz y del segmento naviero, los dos con subsidios del Estado, para venderlos en el segmento industrial, que no tiene subsidio, ganando el diferencial de más de un dólar que es cubierto por el Estado para su beneficio.
Bajo este marco, la Fiscalía investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, por el que 16 personas naturales y seis empresas están procesadas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos, Xavier y Antonio Alvarez, así como su primo Fernando Viteri, quien se encuentra prófugo de la justicia con una orden de prisión preventiva.
El caso Triple A avanza en la etapa de juicio, a cargo del Tribunal Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata.
La conexión con el caso Goleada
El llamado caso Goleada es una extensión del caso Triple A, en el que también son investigados Aquiles Alvarez, sus hermanos, Xavier y Antonio, su primo Fernando Viteri, pero son dos procesos independientes en los que se abordan delitos diferentes.
En esta causa se investiga a 28 personas por el delito de lavado de activos y se inició el pasado 10 de febrero por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria; sin embargo, el 14 de mayo, la Fiscalía reformuló cargos por la presunta comisión de lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y su círculo familiar habrían conformado una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras derivadas de la supuesta comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
Además del alcalde, en Goleada son investigadas su esposa, Fiorella Icaza, y su madre, Gioconda Henriques.
Según la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, mismo que se debía despachar a embarcaciones de bandera nacional; sin embargo, lo habría desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener dineros indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos”.
Con esto coincide la ARCH, que sostiene que el dinero del que se habría beneficiado Aquiles Alvarez y su familia por el presunto desvío ilegal de combustible entre los sectores automotriz, industrial y naviero tenía que haber entrado al mercado de alguna manera.
Para la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la defensa del alcalde de Guayaquil y del resto de los procesados quiere minimizar el manejo de recursos estratégicos del Estado, así como el abuso de subsidios bajo la órbita de una responsabilidad administrativa. (I)
