Un exministro y un exviceministro de la cartera de Energía, así como funcionarios de nivel alto y medio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), y de la empresa estadounidense Progen, constan en la lista de veintiuna personas a las que la Fiscalía General del Estado les formulará cargos dentro del caso llamado Apagón.
En este se indaga el supuesto delito de peculado en la contratación de generación de electricidad en medio de la crisis energética que vivió el país entre el 2024 y el 2025.
El pasado miércoles, 29 de abril del 2026, la Fiscalía solicitó a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la formulación de cargos.
En el impulso fiscal, suscrito por el fiscal general del Estado, Carlos Leonardo Alarcón, se detallan los siguientes nombres:
- Antonio Goncalves Savinovich, quien era ministro de Energía y Minas cuando se suscribieron los contratos con Progen.
- Fabián Calero Freire, que primero fue gerente de Celec y luego viceministro de Electricidad
- Marvin Bryan R.
- Daniel Eduardo S.
- Julio Eduardo M.
- Celso David S.
- Nelson Antonio C.
- Luis Paúl F.
- Byron Fernando O.
- Karla Julieta S.
- Gabriela Alexandra T.
- Juan Carlos C.
- Carlos Iván V.
- Holger Santiago J.
- Marcos Vinicio P.
- Marco Antonio Ch.
- Romel Patricio Ll.
- Javier L. N.
- César Augusto T.
- Gonzalo Efraín G.
- Williamson Andrew S.; este último es funcionario de Progen y tiene nacionalidad estadounidense.
En el impulso fiscal se dispone que se solicite al Consejo de la Judicatura (CJ) que, el día en que se realice la audiencia, se asigne un perito traductor del idioma de inglés a español para Williamson Andrew S.
La fiscal a la que Alarcón delegó el caso es María Luzmila Lluglla Gavilanes.
En agosto del 2024, Celec suscribió con Progen dos contratos de generación térmica terrestre para paliar la crisis energética que experimentaba el país en esos días. Una central está localizada en Quevedo, Los Ríos, y la otra en Salitral, Guayas.
Pero la mencionada empresa no cumplió con la entrega de la maquinaria en los plazos y con las características requeridas, pese a que había recibido los pagos respectivos.
La Contraloría General del Estado determinó, unos meses después, un perjuicio de $ 100 millones para el Estado: $ 70 millones corresponden a El Salitral, y $ 30 millones a Quevedo.
Los primeros diecisiete allanamientos dentro de la investigación previa se dieron en julio del 2025. Ese día, la Fiscalía ingresó a la casa de Calero, en Quito.
Un mes después, en agosto de ese año, se ejecutaron otras once intervenciones a inmuebles ubicados en Guayas y Pichincha, entre ellos uno de propiedad de Goncalves.
Y una tercera serie de allanamientos se realizó en febrero de 2026, en tres ciudades: Quito, Guayaquil y Ambato.
En principio, la Fiscalía investigó a Roberto Luque, actual ministro de Infraestructura y Transporte, que estuvo temporalmente encargado de la cartera de Energía antes de la designación de Goncalves. Pero finalmente no lo vinculará al caso.
En su cuenta de la red social X, la noche del pasado miércoles, 29 de abril, Luque destacó: “Ha concluido la investigación previa en el denominado caso Apagón y, luego de una investigación exhaustiva, no estoy incluido en la formulación de cargos”.
“Fui el primero en informar al país sobre el inicio de esta investigación fiscal, y durante casi un año la Fiscalía recabó más de 60 versiones, sin que ninguna me señalara como responsable. A su vez, el Ministerio Público requirió información sobre mi patrimonio a la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), SRI (Servicio de Rentas Internos), Registro de la Propiedad y Superintendencia de Compañías, y otras entidades, sin que se evidencien indicios de irregularidades”, posteó.
Luque señaló que durante varios meses fue acusado por “actores políticos del viejo país de estar vinculado a una trama que afectó el manejo de recursos públicos de los ecuatorianos”. “Hoy es la justicia la que determinará quiénes son y los alcances de su participación en los hechos delictivos”, indicó.
Este caso también se está ventilando en una corte de Tampa, Florida (EE. UU.), luego de que Celec interpusiera una demanda contra Progen y sus empresas subsidiarias. Está en la fase de alegatos preliminares de las partes.
Ecuador acusa a Progen de actuar con un “patrón de actividades de crimen organizado” para cometer fraude, enriquecimiento injusto, prácticas comerciales engañosas y desleales y conspiración para causar un daño sustancial. (I)
