El Gobierno de Panamá ha sido acusado de atacar la libertad sindical en el país, tras pedir la disolución de una de las centrales más importantes en el Estado centroamericano. El asunto fue analizado recientemente por la comisión de normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia de Naciones Unidas dedicada a las relaciones laborales. Según explica el secretario de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego, distintos miembros del organismo con sede en Ginebra (Suiza) pretendían enviar una misión al país centroamericano para comprobar la situación in situ, pero se descartó por “escasez de fondos”.
