Al PNV no le gusta el estatuto del becario diseñado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT, por lo que presentará una enmienda a la totalidad a este anteproyecto de ley. Así lo confirman fuentes del grupo parlamentario vasco a EL PAÍS. Como el Gobierno necesita los votos de todo el bloque de investidura para sacar adelante cada iniciativa, el rechazo del PNV aboca este proyecto a fracasar. También es previsible que registre una enmienda a la totalidad Junts: el grupo parlamentario no lo confirma, pero fuentes del diálogo social conocedoras de la posición de los catalanes en este debate anticipan esa intención. A ello se suma la negativa de Vox a todas las iniciativas del Gobierno y del PP a todo lo laboral que el Ejecutivo no logre pactar tanto con sindicatos como con patronales. Así, si nada cambia, el estatuto del becario correrá la misma suerte que la reducción de jornada: se pactó con los sindicatos, provocó fricciones internas en el Gabinete y choca con la minoría del Ejecutivo en el Parlamento. Trabajo mantiene la esperanza de aprobar la iniciativa.
“Creemos que el estatuto”, trasladan fuentes del PNV, “se ha elaborado con un planteamiento laboral para quienes aún son estudiantes, en una negociación en la que han participado los sindicatos y Trabajo pero sin tener en cuenta la perspectiva del mundo educativo en su conjunto”. “Consideramos que los estudiantes deben ser tratados como tales, no como trabajadores. El interés a preservar debe ser el estudiantil”, opina el grupo vasco, que añade: “Al tratarse, además, de una cuestión educativa, entra en juego el ámbito competencial”.
Dado este análisis, el PNV confirma que va a registrar una enmienda a la totalidad al anteproyecto de ley, que se encuentra en periodo de enmiendas desde el 31 de marzo. Desde entonces se ha ido ampliando semana a semana hasta siete veces. El periodo en curso termina el 20 de mayo, pero puede volver a ser extendido tantas veces como convenga al Ejecutivo.
El Ministerio de Trabajo traslada confianza en que aprobará la iniciativa. “Como hemos dicho siempre, estamos dispuestos a negociar con todas las fuerzas, también con el PNV. No es el final de la tramitación, es el principio para empezar a negociar y llegar a un acuerdo”, indican fuentes del departamento de Yolanda Díaz. “El PNV también presentó una enmienda a la totalidad a la Ley de Empleo y gracias a la negociación del Ministerio esa Ley está hoy publicada en el BOE”, agregan. Es una posición parecida a la que trasladaron después de que Junts registrase una enmienda a la totalidad contra la reducción de jornada.
El estatuto del becario fue acordado por Trabajo, UGT y CC OO en junio de 2023, poco antes de las elecciones generales. No solo tenía el rechazo de las patronales y de los rectores universitarios, también de la parte socialista del Gobierno. Fuentes de Moncloa y de Economía dijeron que el texto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Nunca antes (y nunca después) una parte del Gobierno había criticado a la otra el mismo día de la presentación de un pacto alcanzado con los sindicatos
El rechazo socialista, las elecciones y la primacía de otros proyectos (como la reducción de jornada), retrasaron el progreso de la medida, lo que generó un fuerte enfado de los sindicatos. Dos años y medio después de la presentación del acuerdo, en noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó en primera ronda el anteproyecto de ley sin cambios sustanciales respecto al texto que rechazaba el PSOE, que nunca ha llegado a explicar por qué pasó a respaldar la norma. Fue aprobado en segunda lectura en marzo, poco después de recibir un duro informe del Consejo Económico y Social: criticó la “carencia” de datos para medir el impacto económico del proyecto y que no contemple una red de apoyo para las pymes.
El estatuto propone limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También propone un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas. Esta compensación no se aplica a los becarios con nómina, ya que con esa retribución ya se consideran nivelados los gastos. La normativa no obliga a retribuir al becario, una de las reclamaciones más insistentes de la izquierda política y sindical y que finalmente no formó parte del acuerdo.
CC OO ha reaccionado al anuncio del PNV con críticas: “Agradecemos que el PNV se muestre tan preocupado por la voz del estudiantado. Pero sería conveniente que escuchara a las miles de estudiantes que soportan prácticas fraudulentas en nuestro país cada año”. “Nos parece que el PNV está instrumentalizando la voz de las estudiantes, buscando una excusa para seguir haciendo juego político”, agregan desde el sindicato. UGT se pronuncia en la misma línea: “La enmienda a la totalidad del PNV supondrá un ataque directo a los derechos de miles de jóvenes becarios y becarias. Supone alinearse de facto con quienes quieren mantener un modelo basado en la precariedad juvenil estructural”.
Menos apoyo que la reducción de jornada
Con esta posición, el PNV cambia respecto a la que expresó en el debate de la reducción de jornada. El grupo vasco rechazó la enmienda a la totalidad presentada contra ese anteproyecto. Se quejó de que la medida no hubiera sido acordada con los empresarios, pero estaba dispuesto a negociarla. La reducción de jornada a 37 horas y media, eslogan del acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, fracasó por el voto coincidente de PP, Vox y Junts.
Aunque el PNV suele tener más sintonía con el Gobierno que Junts, los vascos explicitan antes su posición negativa. A la vez, fuentes del diálogo social conocedoras de la opinión del grupo catalán indican que también registrará una enmienda a la totalidad. Preguntado al respecto, el grupo parlamentario dice que informará de su posición cuanto termine el periodo de enmiendas.
La relación entre este partido y Yolanda Díaz se fue a pique durante la votación de la reducción de jornada. En los meses precedentes, mientras negociaba con Junts, la vicepresidenta segunda medía mucho las palabras cuando se le preguntaba al respecto. Una vez se confirmó el voto desfavorable de los catalanes, Díaz cargó con dureza contra Junts y empezó a usar el apelativo de “las tres derechas” (PP, Vox y Junts) para criticarles. Las grietas en esa relación se hicieron aún más visibles durante la negociación de la prórroga de los alquileres, cuando Díaz catalogó a Junts como “racista” y “clasista”.
La previsible negativa al estatuto del becario se completa con los votos de Vox y PP. Los de Alberto Núñez Feijóo vienen insistiendo en que solo apoyarán las medidas surgidas del diálogo social cuando tengan el respaldo de los sindicatos y, a la vez, de las patronales. Ponen como ejemplo de esa estrategia su voto favorable a la última parte de la reforma de pensiones, el último gran acuerdo del Gobierno (en concreto, de la Seguridad Social) con sindicatos y patronales. Con esa lógica, el PP rechazó la reducción de jornada y anunció que no respaldará la ampliación de los permisos por fallecimiento. El Consejo de Ministros acaba de aprobar en primera ronda otro anteproyecto de ley de Trabajo sin respaldo de las patronales y escasas opciones de éxito, la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales.
