El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una “gran inmobiliaria”, de la que no ha ofrecido el nombre pero detalla que “alquila miles de viviendas”, según el departamento que encabeza Pablo Bustinduy. El procedimiento, que se inició hace unas semanas, investiga diversas infracciones, como la imposición de un seguro de impago al inquilino o la aplicación de penalizaciones desproporcionadas por cada día de retraso en la entrega de la vivienda. Con esta actuación, el departamento de Consumo mantiene el cerco sobre las inmobiliarias, después de que el pasado mes de abril impusiera una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro, también por llevar a cabo “prácticas abusivas” sobre sus clientes.
En los últimos años, el ministerio está llevando a cabo una concienzuda monitorización de la actividad de las agencias inmobiliarias y evaluando su comportamiento con los inquilinos. En este nuevo caso, los detalles que han trascendido señalan que se trata de “una gran inmobiliaria que alquila miles de viviendas en varias ciudades a lo largo del país”. La compañía cuenta con pisos repartidos por varias comunidades autónomas. “No podemos ofrecer el nombre de la empresa mientras esté abierto el procedimiento”, reconoce a este medio una portavoz ministerial.
Lo que sí detallan desde el departamento de Bustinduy son las cuatro potenciales infracciones en las que habría incurrido esta empresa: la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago; la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión; la imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda; y la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones injustificados en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de los mismos.
De acuerdo con los baremos establecidos, cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear con ello multas de hasta un millón de euros por cada una (lo que sumaría cuatro millones de multa), o la cuantía equivalente a entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido por parte de la empresa con estas cláusulas.
Pese a la apertura del expediente sancionador, en la Dirección General de Consumo recuerdan que la iniciación de estas investigaciones no prejuzga el resultado final que se derive de ella. Hace algo más de un mes ratificó la multa de 3,6 millones de euros que había impuesto en un principio a la empresa Alquiler Seguro tras dar por cerrado el expediente que inició en marzo de 2025 a raíz de una serie de denuncias presentadas por diversas organizaciones de consumidores.
Aquella investigación confirmó el uso de prácticas abusivas sistemáticas contra los inquilinos, como la imposición obligatoria de servicios adicionales —especialmente un servicio de atención al inquilino y seguros— para acceder a la vivienda, así como el cobro de gastos indebidos y la inclusión de cláusulas contractuales consideradas ilegales. El ministerio consideró entonces que la empresa, que gestiona unas 26.000 viviendas, aprovechó su posición en el mercado para vulnerar derechos básicos de los consumidores. Pese a la resolución, la compañía ha anunciado que recurrirá a la justicia para defenderse de estas acusaciones y revocar la cuantiosa sanción económica, y ha mostrado diversas sentencias de casos relacionados con estas prácticas en las que los tribunales les han dado la razón.
Monitorización continua
Sin embargo, la multa más elevada impuesta hasta el momento por Consumo se ha dirigido a la empresa Airbnb, por irregularidades en la publicación de anuncios de viviendas en alquiler para turistas. Aquí, la cuantía interpuesta asciende hasta los 64 millones de euros, lo que equivale, según Consumo, “a seis veces el beneficio ilícito” obtenido por Airbnb como consecuencia de esas malas prácticas. En este caso, existe ya un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a la compañía a afrontar este pago, pese a que esta ha anunciado que seguirá peleando en los tribunales.
Por otra parte, los portales inmobiliarios tampoco han escapado al control de Consumo, que ha abierto expedientes a algunos de ellos por incluir anuncios con precios por encima de los límites legales establecidos en zonas tensionadas, o por no incorporar toda la información obligatoria, como el precio del anterior contrato. Estas investigaciones, sin embargo, siguen abiertas y, por el momento, no han desembocado en sanciones.
Si tiene dudas, sugerencias o simplemente quiere contarnos su caso, puede enviarnos un email a vivienda@elpais.es.
Los datos que facilite serán tratados por EDICIONES EL PAÍS, S.L.U., (C/ Miguel Yuste, 40, 28037-Madrid), con la finalidad de gestionar sus dudas y/o testimonios y elaborar contenido informativo. Podrá ejercer sus derechos reconocidos en materia de protección de datos a través de la dirección dpo@prisa.com acreditando su identidad e identificando el derecho que desea ejercitar. Para más información consulte la Política de Privacidad.
