El juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Jairo García entró a deliberar sobre el pedido de la Fiscalía General del Estado (FGE) de prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, y para Fernando Peñaherrera Venegas, César Bravo Ibáñez y otros procesados por el delito de lavado de activos en el denominado caso Goleada.
La audiencia de revisión de las medidas cautelares se instaló, de manera virtual, pasadas las 08:00 y se suspendió cerca de las 16:45 de este viernes, 3 de julio de 2026.
La diligencia fue solicitada por Aquiles Alvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez; la empresa Inmobiliaria Fiorema S. A., cuya única accionista es Gioconda Henriques, madre del alcalde, y que tiene a José Ruiz Castillo como presidente de la compañía, y el procesado Gastón Aparicio Loy.
A esta solicitud se sumó el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez, también procesado en este caso, quien pidió al juez la revisión de la medida cautelar que pesa sobre su vehículo, un Toyota 4Runner.
Al igual que los procesados, el fiscal Dennis Villavicencio solicitó al juez Jairo García que en audiencia se revisen las medidas del alcalde de Guayaquil, sus hermanos, de Fernando Peñaherrera Venegas y de César Bravo Ibáñez.
La audiencia arrancó con la presentación de los argumentos de las defensas de los procesados como Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, así como el abogado de Raúl Chávez, Carlos Soria, y Gabriela Moreira, defensa de César Bravo y Antonio Alvarez, quienes sustentaron su solicitud y pidieron al juez García que acepte el pedido de cambio de medidas.
El fiscal Villavicencio y la procuradora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Anahí Carrillo, ejercieron la contradicción sobre los argumentos de los procesados y solicitaron, en su mayoría, que se rechace el pedido de las defensas. El juez García anticipó que los alegatos serán considerados y analizados dentro del momento procesal oportuno.
Luego se dio paso a la exposición de la Fiscalía sobre su pedido de cambio de medidas contra Aquiles, Antonio y Xavier Alvarez, y contra Peñaherrera y Bravo.
Fiscalía aduce aumento de capital de Aquiles Alvarez y sus empresas
El fiscal Dennis Villavicencio fundamentó que se han recabado nuevos elementos relacionados con el aumento de capital de Aquiles Alvarez y sus hermanos; información, la cual, precisó, no ha sido utilizada anteriormente y que fue obtenida de forma técnica y legal dentro de la etapa de instrucción fiscal.
“Tenemos varios elementos e informes periciales”, dijo.
Detalló que de Aquiles Alvarez existen escrituras donde consta un aumento de capital de $ 450.000 de la empresa Ternape, cuyo representante legal es Antonio Alvarez; un aumento de capital de Ternape de enero de 2022 de $ 350.000; incremento de capital de la empresa Corpalubri por una cantidad de $ 499.200; otro aumento a favor de Corpalubri por una cuantía de 1 millón; un incremento de capital de $ 600.000 que consta en una escritura de la empresa Copedesa S. A.; otro aumento de capital de marzo de 2023 a favor de Copedesa con el consentimiento de Antonio Alvarez, como representante de Ternape, por un valor de $ 390.000. El fiscal también mencionó un aumento de capital de la Inmobiliaria Alvarez H. S. A., representada por Aquiles Alvarez, del 28 de abril de 2022, con una cuantía de $ 335.200.
Como parte de sus argumentos, Villavicencio también invocó el testimonio anticipado que rindió en la fase de instrucción fiscal el testigo protegido José Cevallos Avellán, quien trabajó en las empresas de la familia Alvarez.
Con estos alegatos, la Fiscalía General alertó al juez sobre un riesgo procesal que podría existir en caso de fuga por parte de los cinco procesados.
“Lo que se ha introducido en el sistema financiero o se ha convertido en propiedades para dar apariencia de legalidad es en sí el lavado de activos. Este poder económico genera la capacidad y la facilidad de que los mismos puedan salir del país o eludir los controles en cualquier instante”, dijo el representante de la Fiscalía y solicitó que se cambien las medidas cautelares actuales a prisión preventiva para los cinco investigados.
La UAFE respaldó el pedido de Fiscalía tras sostener que los vínculos financieros con las empresas de la familia Alvarez confirman sus roles dentro de la dinámica del delito de lavado de activos, por lo cual, dijo la procuradora, la prisión preventiva en este caso es una herramienta indispensable para preservar la integridad del proceso y garantizar que la justicia pueda actuar sin interferencias.
Abogados cuestionan argumentos de Fiscalía
Después de un receso de una hora, la audiencia continuó con la intervención de los abogados de los cinco procesados en contra de quienes Fiscalía pidió prisión preventiva. Las defensas coincidieron en que la solicitud del fiscal de este caso no tiene sustento y cuestionaron la pretensión de la Fiscalía.
Ramiro García, abogado de Alvarez, observó que no existe ningún hecho nuevo incorporado y afirmó que no hay riesgo de fuga, pues su defendido está en la Cárcel del Encuentro y los otros procesados están cumpliendo con sus presentaciones periódicas.
“La Fiscalía incurre en una confusión jurídica que resulta determinante para resolver este incidente. No es lo mismo un hecho que un medio de pruebas. Las escrituras pueden haber sido nuevamente incorporadas, puede existir un testimonio anticipado, incluso pueden existir nuevos documentos, pero todos ellos se refieren exactamente a los mismos acontecimientos históricos que la Fiscalía ya conocía y que ya expuso en la audiencia de reformulación de cargos, es decir, no existe hecho nuevo”, dijo García.
Por su parte, Gabriela Moreira, abogada de Antonio Alvarez y César Bravo, cuestionó que lo invocado por Fiscalía no constituye un nuevo contenido fáctico, sino la reiteración de una versión que ya era conocida por la misma Fiscalía y que era parte de los elementos existentes cuando el juez García adoptó las medidas cautelares anteriores.
El abogado de Xavier Alvarez, Julio César Cueva, también examinó los argumentos del fiscal Dennis Villavicencio y criticó que no constituyen elementos nuevos.
“¿Cómo puede hablarse de elementos nuevos? No existen elementos nuevos. Lo que hay en realidad es una forma de abuso del derecho», enfatizó Cueva.
Asimismo, Joseph Sánchez, defensa de Fernando Peñaherrera, rechazó los argumentos de la Fiscalía para el cambio de medidas cautelares de su defendido y observó que no se han anunciado nuevos elementos que sustenten el pedido de prisión preventiva, pues el testimonio anticipado de José Cevallos Avellán no permite verificar nuevos hechos, sino que, dijo, confirman los hechos que ya conocía la Fiscalía en este caso.
Con estos argumentos, los abogados de los cinco procesados solicitaron al juez Jairo García que rechace el pedido de cambio de medidas que hizo el fiscal Villavicencio.
Tras escuchar a las partes, el juez penal afirmó que no adoptará una resolución este viernes, pues debe considerar los argumentos expuestos, por lo cual convocó para las 18:00 del próximo lunes, 6 de julio, a la reinstalación de la audiencia para anunciar su decisión.
En este caso existen 26 personas, entre naturales y jurídicas, investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), que acusa a Aquiles Alvarez y su familia de conformar una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero. (I)
