El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó este viernes 3 de julio el reglamento que regirá el concurso público para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con el que se busca cubrir las vacantes existentes en las salas especializadas del máximo órgano de justicia del país.
La decisión fue adoptada durante la sesión extraordinaria n.º 088-2026. Según informó la Judicatura, el reglamento consta de 93 artículos y establece los parámetros técnicos que regirán el proceso de selección.
El concurso se desarrollará en ocho fases: convocatoria, postulación, evaluación de méritos, examen de confianza, prueba psicológica, impugnación ciudadana, fase de oposición y audiencia pública. De acuerdo con el organismo, la estructura busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana.
Entre los requisitos generales, los aspirantes no podrán registrar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones definitivas para ingresar a la Función Judicial.
Además, deberán presentar una declaración juramentada en la que certifiquen que no tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos como prevaricato, concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado, delitos de lesa humanidad, crímenes de odio, acoso sexual o violencia de género.
Como parte de los requisitos, también deberán autorizar el levantamiento del sigilo bancario y permitir al Consejo de la Judicatura acceder a su declaración patrimonial juramentada registrada en la Contraloría General del Estado o, en su defecto, a su declaración anual del impuesto a la renta presentada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Asimismo, tendrán que certificar que no mantienen bienes o capitales en paraísos fiscales.
La Judicatura señaló que estos filtros buscan impedir que personas cuestionadas accedan a la Corte Nacional de Justicia. En ese marco, los postulantes también serán sometidos a un examen de confianza, mediante el cual se recopilará, verificará y analizará información relacionada con su integridad, probidad, conducta ética, transparencia patrimonial, responsabilidad y confiabilidad institucional.
La evaluación del concurso tendrá una calificación total de 100 puntos. La mitad corresponderá a la fase de méritos y los 50 puntos restantes a la fase de oposición, integrada por una prueba teórica y una prueba práctica.
Como etapa final, los aspirantes comparecerán a una audiencia pública en la que expondrán su trayectoria profesional, experiencia laboral y su visión sobre la administración de justicia. (I)
