La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) que se instale de inmediato una mesa nacional de seguridad, tras la colocación de un artefacto explosivo en los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito, la mañana de este jueves, 25 de junio de 2026.
A través de un comunicado, el gremio de jueces y magistrados manifestó su preocupación por la escalada de amenazas contra juezas, jueces, fiscales, servidores judiciales y complejos judiciales, así como por los lamentables asesinatos de operadores de justicia ocurridos en el país.
“Estos hechos evidencian una crisis de seguridad que compromete el ejercicio independiente de la administración de justicia y exige una respuesta inmediata del Estado”, dice la misiva.
La AEMAJ pidió que en la mesa de seguridad participen las instituciones competentes, que permita adoptar decisiones efectivas, establecer responsabilidades claras y ejecutar un seguimiento permanente de los compromisos asumidos previamente con las autoridades del CJ.
La caja con un artefacto explosivo abandonada al costado izquierdo de la entrada principal a la unidad judicial obligó a evacuar al personal judicial, de seguridad y de limpieza que a esas horas se encontraba en el lugar. Inmediatamente se impidió el paso peatonal y vehicular por la avenida Amazonas y las calles aledañas al edificio en las calles Pereira y Villalengua.
Se presume que el cartón sospechoso fue colocado por personas aún no identificadas durante la madrugada de este jueves.
“Señores jueces, déjense de andar prestando para hacer actos incorrectos y sentenciar a la gente inocente. Déjense de huevadas. (…) Tenemos fuerza en todo el país. (…) Este es el primer aviso. (…) Les tenemos ubicados”, decía el cartel que fue colocado en dos cartulinas de color azul y amarillo con letras escritas a mano.
El CJ informó que el material explosivo fue desactivado de manera segura y se afirmó que las audiencias suspendidas por esta emergencia serán reprogramadas y notificadas oportunamente a las partes procesales.
La Asociación de Magistrados recordó que durante los últimos meses, advirtió de manera reiterada sobre los ataques e intimidaciones contra los operadores de justicia y ha solicitado acciones concretas para proteger a quienes garantizan el Estado de derecho.
Sin embargo, dice el pronunciamiento, “la realidad demuestra que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para contener los riesgos que enfrenta la Función Judicial”.
“La seguridad de quienes administran justicia no puede seguir siendo postergada. La independencia judicial solo puede garantizarse cuando el Estado protege de manera efectiva a sus operadores. El país demanda resultados, no únicamente pronunciamientos. La justicia necesita instituciones que actúen con firmeza, coordinación y responsabilidad”, enfatiza el comunicado del gremio. (I)
