Con incidentes es como se reinstaló este sábado, 18 de julio, la audiencia de juzgamiento en el caso Triple A, proceso penal en el que se analiza la supuesta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos que habrían cometido dieciséis personas naturales, entre las que está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis personas jurídicas.
La sala de juicio integrada por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona convocó para la reinstalación, luego de casi un mes de suspensión y una vez culminó la fiscal provincial de Pichincha, Ruth Amoroso, con la presentación de la carga probatoria que mantiene para acusar al alcalde Alvarez, a sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, a su primo Antonio Viteri y a otros diecisiete procesados del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
La diligencia de este sábado se instaló poco antes de las 10:00, pese a que la convocatoria fue para las 08:30 en el Complejo Judicial Norte, en Quito. La demora se dio debido al incidente por la inasistencia de César Emilio Bravo, representante legal de la empresa procesada Fuelcorp S. A.
La defensa de la persona jurídica Fuelcorp, Antonio Chávez, señaló que, tomando en cuenta que Bravo no se había conectado ni estaba personalmente en la diligencia, el juzgamiento no debía avanzar y debía quedar de lado de esta etapa la empresa. También pidió a los jueces que definieran si el acuerdo para la representación en la diligencia entre la empresa y él estaba vigente o debía darse algún cambio.
Luego de una deliberación de casi una hora, la sala de juicio decidió no aceptar que se separe del juzgamiento a la empresa Fuelcorp debido a la inasistencia física de quien es el representante legal de la persona jurídica y ratificó el acuerdo existente que dejaba a Chávez como el abogado de la empresa.
Subsanado este incidente, el presidente del tribunal dio paso a que intervengan los abogados de cuatro empresas procesadas: Corpalubri S. A., Indudiesel S. A., Ternape S. A. y Copedesa S. A. El abogado en libre ejercicio y actual funcionario del Municipio de Guayaquil Juan Daniel González fue el primer testigo requerido por esa defensa. Él habló de las reformas a estatutos que realizó en varias empresas con las que laboró y hoy son investigadas en Triple A.
Desde la Fiscalía y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), instancia que actúa como acusación particular en la causa, se intentó cuestionar lo dicho por el testigo, refiriendo que todo lo que decía en audiencia no lo había indicado cuando fue llamado a rendir versión. Pese a las insistencias, el ponente de la sala no dio paso a las preguntas hechas en ese sentido por quienes sostienen la acusación oficial.
Luego de este testimonio, los abogados de Corpalubri, Indudiesel, Ternape y Copedesa llamaron como segundo testigo al perito Christian Andrés Ojeda, quien realizó una pericia de régimen societario en las cuatro personas jurídicas y, además, hizo una ampliación a la pericia.
Cuando iba a entrar a la sala de audiencias, el abogado de profesión no pudo ingresar porque el director de la ARCH, Christian Puente, les explicó a los jueces que Ojeda no era un perito acreditado, pues había sido suspendido por un año por parte del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) por una falta administrativa.
A la oposición se sumó la fiscal de Triple A, Ruth Amoroso, añadiendo que la falta sancionada con la suspensión estaba relacionada con el informe que el perito realizó en esta causa penal.
Tanto la defensa de las cuatro empresas como los abogados de los restantes procesados se opusieron a la exclusión del testimonio del perito. Se esgrimieron razones que iban desde que la pericia fue hecha mucho tiempo antes de la sanción, pasando por el que un juez en la etapa de saneamiento ya dio paso a que esta pericia sea expuesta en juicio y llegando hasta que existía la prohibición de que jueces de un tribunal excluyan testimonios.
Finalmente y luego de otra hora de deliberación, los magistrados decidieron que escucharían el testimonio del perito y que todas las partes del juicio tendrían la posibilidad de interrogarlo y contrainterrogarlo.
Las compañías Copedesa S. A., Indudiesel S. A., Corpalubri S. A. y Ternape S. A. anunciaron que presentarán cerca de veintisiete testimonios. Cerca de las 14:00 se dio un receso para que los sujetos procesales fueran a almorzar. Al regreso, el juicio continuará con la presentación del tercer testigo anunciado.
Entre otras decisiones que ha tomado el tribunal también está que la esposa de Alvarez, Fiorela Icaza, sea quien entregue los alimentos al procesado en los días de la diligencia. El alcalde de Guayaquil se encuentra recluido en la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, cumpliendo órdenes de prisión preventiva dispuestas en tres casos penales que mantiene abiertos.
Además, los magistrados permitieron que Icaza permanezca en la misma sala de la Unidad Judicial de Santa Elena, en Santa Elena, en la que se encuentra Aquiles Alvarez y sus abogados, Ramiro García y Julio César Cueva.
La fiscal Amoroso ha señalado que en el desarrollo de la audiencia de juicio demostrará la participación de todos los imputados en los hechos investigados. La investigación en Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel).
En el reporte se habría alertado sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles que habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras. De acuerdo con los resultados de la investigación de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustibles entre diésel y gasolina.
Los informes periciales realizados habrían determinado que las capacidades reales de almacenamiento de varias estaciones de servicio no guardaban relación con los volúmenes de combustible adquiridos a las empresas procesadas. Además, durante la instrucción fiscal se identificaron irregularidades que serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías. (I)
