Luego de una deliberación de casi una hora debido a la inasistencia de César Emilio Bravo, representante legal de la empresa procesada en el caso Triple A, Fuelcorp, la mañana de este sábado, 18 de julio, el Tribunal Anticorrupción de Juzgamiento decidió instalar en el Complejo Judicial Norte, en Quito, una nueva jornada de la audiencia de juzgamiento por el supuesto tráfico ilegal de combustibles que habrían cometido 16 personas naturales, entre las que está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis personas jurídicas.
Esta jornada de audiencia arrancó con la intervención de los abogados de cuatro empresas procesadas: Corpalubri, Indudiesel, Ternape y Copedesa. El abogado Juan Daniel González fue el primer testigo requerido por esa defensa.
La Sala de Juicio integrada por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Víctor Barahona reinstaló la diligencia poco antes de las 10:00 y luego de no aceptar que se separe del juzgamiento a la empresa Fuelcorp debido a la inasistencia física de quien es el representante legal de la persona jurídica.
La última jornada de audiencia de la etapa de juicio se dio el 14 de junio pasado.
Ese día culminó la fiscal provincial de Pichincha, Ruth Amoroso, con la presentación de la carga probatoria que mantiene para acusar al alcalde Alvarez, a sus hermanos y a su primo y otros 17 procesados por el delito de comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
La fiscal Amoroso señaló que en el desarrollo de la audiencia de juicio demostrará la participación de todos los imputados en los hechos investigados. La investigación en Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel).
En el reporte se habría alertado sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles que habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras. De acuerdo con los resultados de la investigación de la Fiscalía el perjuicio económico al Estado ascendería a $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustibles entre diésel y gasolina.
Los informes periciales realizados habrían determinado que las capacidades reales del almacenamiento de varias estaciones de servicio no guardaban relación con los volúmenes de combustible adquiridos a las empresas procesadas. Además, durante la instrucción fiscal se identificaron irregularidades que serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías. (I)
