El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, explica el estado actual del concurso para elegir al fiscal general del Estado y rechaza las acusaciones de irregularidades que han realizado, en las última semanas, tanto algunos de los postulantes como una misión internacional de observadores, de la cual dice que no existen registros en la Cancillería ecuatoriana.
El concurso de selección del fiscal general está en una suerte de limbo, ya que el pleno del CPCCS no ha aprobado el informe de la comisión ciudadana de selección sobre los méritos de los aspirantes. ¿Qué es lo que se hará al respecto?
La comisión continúa trabajando en ejercicio de sus competencias; el proceso de designación del fiscal general continúa. Si bien se ha descrito la problemática sobre la falta de aprobación del informe de la fase de méritos por parte del pleno del CPCCS, la comisión ha continuado su trabajo ininterrumpidamente en el desarrollo de todas las demás actividades concernientes a la preparación y planificación de las siguientes fases del concurso. Recordemos que en el reglamento se establece una fase de oposición con prueba escrita y oral, lo cual requiere la adquisición de equipos de seguridad informática y logística conforme las reglas del sistema nacional de contratación pública, que requiere el agotamiento de procesos internos para las adquisiones. Necesariamente el pleno, que en este momento se encuentra plenamente integrado, deberá dar por conocido este informe conforme lo establece el reglamento y en el mismo acto autorizar a la comisión a continuar con la fase de impugnación ciudadana, ya que hay que dejar claro que el pleno no aprueba el informe y tampoco existe facultad de revisión, modificación o supervisión de las calificaciones que la comisión ha otorgado en el ejercicio de sus competencias, como erróneamente se ha difundido a la ciudadanía. Es importante dejar también en claro que cualquier consejero puede revisar los informes que remite la comisión; es más, previo a la sesión se les remite nuevamente para su revisión con todos los archivos anexos. Recordemos que por mandato constitucional es la comisión la encargada del proceso en su totalidad como un cuerpo colegiado independiente del pleno del CPCCS, por lo que en esta semana (este jueves, 16 de julio, a las 11:00) se convocará a la sesión extraordinaria correspondiente a fin de conocer el informe conforme la insistencia realizada por la comisión.
La comisión, según el reglamento, tiene cuatro meses para trabajar y dos adicionales; pero, por el tema del informe que no se ha tratado en el pleno del CPCCS, ha pedido suspender los plazos y términos de su vigencia. ¿Aceptarán esto?
Es preciso aclarar que, si bien existe la disposición de un tiempo en específico para el desempeño de funciones establecido en el Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, existen también todas estas incidencias de conocimiento público que han retrasado el normal decurso del concurso conforme el cronograma inicialmente aprobado, esto sumado a las acciones de protección, acciones de acceso a la información pública y la disponibilidad presupuestaria; por lo que, ante estas disyuntivas, la misma norma prevé la existencia de situaciones no previstas en las que necesariamente se deberán tomar las decisiones correspondientes por parte del pleno para el correcto desarrollo del concurso, tal y como ha sucedido en otros procesos en los que se ha tenido que aclarar, regular e inclusive absolver consultas sobre las disposiciones de la norma y la aplicación en el proceso, por lo que en la sesión que se convoque para analizar el tema anterior también se deberá tomar una decisión o instrucción para resolver esta problemática.
Hay objeciones de la misión internacional de observadores del concurso respecto a que este no se ha llevado con transparencia. ¿Qué opina al respecto?
Siempre hemos estado abiertos a la contraloría social. Este no es un proceso cerrado ni oscuro; por el contrario, todas las sesiones, la documentación y las resoluciones son públicas, y toda la documentación consta alojada para el público en un micrositio dentro de la web www.cpccs.gob.ec. La única limitación que el CPCCS ha resguardado es los datos personales que constan, por ejemplo, en los expedientes que obligan al CPCCS a su protección. Aquí no hay nada que ocultar. Solo es necesario que quien tenga un verdadero interés revise detalladamente la página web.
En relación con la autodenominada Misión Internacional de Observación (MIO) Ecuador sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia en el Ecuador, como administración pública respetuosa del ordenamiento legal que rige nuestro funcionamiento, solicité a la autoridad competente que certifique la acreditación diplomática o registro correspondiente para el ejercicio de las actividades que han realizado en el territorio ecuatoriano, ante lo cual la Cancillería certificó que dicha misión no se encuentra registrada en la lista diplomática oficial, que incluye embajadas, consulados, organismos internacionales y agencias de cooperación internacional acreditadas en el país. Sobre sus observaciones es preciso ser claros en que algunas son válidas y aplicables, y otras están totalmente fuera de lugar ya que implican un cambio de reglas y modificación de la normativa con un concurso en pleno desarrollo. En estas últimas, lastimosamente, se alinean con pretensiones públicas de actores sociales, académicos y políticos que siempre han manifestado su inconformidad con este proceso de selección. Como lo mencioné anteriormente, la transparencia es uno de los principios que rigen este proceso y toda la información es pública; si no fuera así, ni esta misión de observación tendría la documentación para su observación, y su principal queja sería la falta de la misma.
La comisión ha resuelto iniciar un proceso de verificación al expediente del candidato José de la Gasca tras la denuncia de un ciudadano y él ha acusado a ese cuerpo colegiado, al CPCCS y a usted en especial por supuestas irregularidades. ¿Qué le responde?
Vamos paso a paso: la facultad de verificación es un estamento especial que faculta tanto a la comisión ciudadana como al pleno del CPCCS para la revisión del expediente de un postulante por una sola vez ante la existencia de inconsistencias documentales. No es un proceso dirigido ni nuevo ni arbitrario o irregular. El mismo se encuentra normado en los artículos 19 y 20 del Reglamento del Concurso de Fiscal General, y consta de un procedimiento expedito y claro. Yo no puedo responder o aclararle las inquietudes a un postulante, más aún cuando las ha planteado por los medios de comunicación y no por la vía adecuada, cuando está en curso un proceso iniciado por la comisión, y que tal y como establece el mismo podrá ser susceptible de apelación y conocimiento por parte del pleno del CPCCS.
A De la Gasca se lo vio junto al exconsejero Roberto Gilbert en una sesión del pleno telemática. ¿Usted le pidió a Gilbert que renunciara?
Sobre los hechos de dominio público no hace falta un pronunciamiento explícito, pero en respuesta a su pregunta: yo no he solicitado la renuncia de ningún consejero. Según las declaraciones públicas del exconsejero Roberto Gilbert, su renuncia responde a una decisión personal; es más, durante el tiempo que se dio esta renuncia yo me encontraba en uso de mis vacaciones legales.
Con tantos cuestionamientos, ¿cómo recuperar la imagen de este proceso?
Desde que iniciamos este proceso de selección sabíamos que no iba a ser fácil. Los procesos de designación de autoridades, por su naturaleza e importancia para el país, son complejos y, en muchos casos, están rodeados de distintos intereses y posiciones. Sin embargo, nosotros hemos actuado siempre con la normativa en la mano, respetando el debido proceso y las competencias de cada instancia. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo actuar con transparencia, responsabilidad y del lado de la verdad.
Si se convoca a referéndum para consultarle a la gente sobre retirar la facultad de elegir autoridades al CPCCS y si gana el sí, todos los concursos quedarían desiertos. ¿Esperan concluir el concurso de fiscal antes de que eso suceda, si es el caso? Y si no alcanzan, ¿qué pasará?
En referencia a un posible referéndum debo mencionar que esta posibilidad de aplicación de un mecanismo constitucional de democracia directa es un escenario que inicialmente le corresponde al Ejecutivo la potestad de activarlo o no. Nosotros defendemos, como siempre lo hemos hecho, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con todas sus facultades, convencidos de que la ciudadanía debe tener la posibilidad de participar, a través de la veeduría y la impugnación, en cada uno de estos procesos. Sin embargo, siempre seremos respetuosos de lo que la ciudadanía exprese en la urnas. En caso de aprobación de la propuesta en referéndum, están ya determinados los escenarios para su aplicación. Sin embargo, ahora es solo una posibilidad y nuestro deber es seguir trabajando e impulsando todos los procesos de selección y concursos pendientes. Recordemos que esto ha sido un tema heredado y en este periodo se han evacuado significativamente los procesos represados. Esto es un trabajo constante que requiere acciones concretas e insumos, como lo es la disponibilidad presupuestaria.
Por último, debo indicarle que el CPCCS por gestión de esta presidencia ya cuenta con la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del concurso para elegir al fiscal, que era una de las circunstancias no previstas y frenaban su avance, y no como erróneamente se ha informado por parte de algunos integrantes del pleno… Y como lo he mencionado, el concurso sigue porque sigue. (I)
