La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional continuó este miércoles 15 de julio con el trámite del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, en una jornada marcada por la presentación de pruebas por parte de los asambleístas interpelantes y por un altercado entre legisladores que obligó a suspender temporalmente la sesión.
La exfuncionaria participó de manera telemática desde el extranjero y siguió el desarrollo de la diligencia sin intervenir directamente. Su representación estuvo a cargo de sus abogados.
Los asambleístas Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blasco Luna, de la bancada Revolución Ciudadana, cuestionaron que Manzano no compareciera personalmente ante la Comisión y expresara su defensa a través de sus representantes legales.
La sesión se suspendió momentáneamente tras un cruce verbal entre legisladores de Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional (ADN). El incidente se produjo entre Mónica Palacios e Inés Alarcón. Minutos después, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dispuso la reinstalación de la sesión.
Cerca de las 21:00, los asambleístas que impulsan el proceso iniciaron la presentación de pruebas documentales y audiovisuales para sustentar la acusación por presunto incumplimiento de funciones contra la exministra.
Entre los documentos presentados constan un informe de la Contraloría General del Estado sobre el contrato entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM), así como un informe de fiscalización de minoría relacionado con ese proceso de contratación durante la emergencia del sector eléctrico.
Los legisladores interpelantes sostienen que Manzano incurrió en omisiones frente a las presuntas irregularidades detectadas en los contratos energéticos, argumento que forma parte de la acusación que deberá ser analizada dentro del juicio político.
El proceso fue solicitado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blasco Luna, quienes atribuyen a la exministra un presunto incumplimiento de funciones por su actuación frente a los contratos de generación eléctrica suscritos durante la emergencia energética.
El juicio político se desarrolla de forma paralela a la investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado sobre el contrato suscrito entre Celec EP y Austral Technical Management. En ese caso se investigan presuntos delitos de fraude al Estado y delincuencia organizada por la entrega de generadores que, según la investigación fiscal, no cumplían las especificaciones establecidas en el contrato.
La Comisión de Fiscalización deberá continuar con el trámite del juicio político antes de elaborar el informe que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, instancia que decidirá si procede o no la censura política de la exministra.(I)
