El juez ponente del Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Jorge Sánchez Pico dio paso al pedido del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, para que sus abogados y su esposa, Fiorella Icaza, puedan acompañarlo durante los días de la audiencia de juicio del denominado caso Triple A.
La reinstalación de la audiencia de juzgamiento de este caso está convocada para el 18, 19, 24, 25 y 26 de julio, a las 08:30, de manera presencial en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito y de manera virtual para los procesados.
Para la diligencia, el equipo de abogados del alcalde pidió al tribunal ampliar las visitas jurídicas en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, desde el lunes 20 hasta el jueves 23 de julio. En esta prisión, Alvarez permanece desde el 9 de marzo de este 2026.
Asimismo, la defensa de Aquiles Alvarez pidió la autorización para Fiorella Icaza para que realice gestiones relacionadas con la provisión de vestimenta y alimentación del alcalde.
Ambas solicitudes fueron aceptadas por el juez ponente, para garantizar su derecho a la defensa.
Para estas visitas técnicas, el magistrado Sánchez dispuso al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que adopte las medidas administrativas, logísticas y de coordinación necesarias para facilitar estas diligencias.
Además, para los días de audiencia de juicio, el juez nacional ordenó al SNAI y a la Policía Nacional que trasladen al alcalde de Guayaquil desde la Cárcel del Encuentro hacia la Unidad Judicial del cantón La Libertad, en Santa Elena, bajo estrictas medidas de seguridad.
En esta causa son procesadas 22 personas, 16 naturales y 6 jurídicas, por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Según la teoría del caso, las empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia habrían constituido una red para presuntamente desviar combustible subsidiado de manera ilegal entre los segmentos automotor, industrial y naviero nacional e internacional, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado que ascendería a $ 61,5 millones correspondientes a 22,7 millones de galones de combustible entre diésel y gasolina. (I)
