Un informe sobre el estado situacional de las judicaturas por falta de jueces a nivel nacional es lo que conocerá el próximo lunes, 13 de julio, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) y será el insumo que le servirá para emitir una declaratoria de emergencia que le permita definir jueces temporales y así superar el déficit de magistrados que existe en todo el Ecuador.
Esa fue la decisión que se adoptó la tarde del pasado jueves 9 de julio, en una sesión extraordinaria del Pleno de la Judicatura a la que asistieron los vocales Fabián Fabara, Alfredo Cuadros, Damián Larco y la presidenta del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, Mercedes Caicedo.
La reunión fue convocada para tener conocimiento del informe sobre el estado situacional de las judicaturas por falta de jueces en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Carchi, en cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno del CJ en la sesión ordinaria 086-2026, pero Jorge Maruri, director general del CJ, solicitó suspender el tratamiento de este punto y devolver la documentación remitida a la Dirección General, debido a que, dijo, ese informe se encuentra contenido en la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, el cual se enviará para conocimiento del Pleno el próximo 13 de julio.
Tanto la presidenta Caicedo como los demás vocales accedieron al aplazamiento con la finalidad de que el día lunes puedan cumplir con lo pedido a la Dirección General y a las áreas correspondientes de la Judicatura y así se trate un solo informe que tenga respuestas en conjunto para todas las provincias y no exclusivamente para Cotopaxi, Chimborazo y Carchi. Lo que se esperaría tener es el informe de la situación, la declaratoria de emergencia, la resolución para declarar emergencia y la resolución para que inmediatamente se pase a la selección de jueces temporales,
El déficit respecto de jueces en todo nivel y a escala nacional es crítico en Ecuador. Actualmente existirían cientos de vacantes por jubilaciones, destituciones, entre otras situaciones, realidad que habría llegado al límite de que empieza a afectar a decisiones clave en el servicio de justicia. El último dato oficial presentado por el Consejo de la Judicatura en la rendición de cuentas de lo hecho en el 2025 habla de un déficit de 657 jueces en todo el país, cifra que actualmente sería mayor.
De la mano de esta declaratoria de emergencia que se prevé aprobar el lunes siguiente también se iniciará el mecanismo para la selección inmediata de jueces temporales.
Santiago Peñaherrera, director de Asesoría Jurídica del CJ, informó al Pleno que el trabajo está liderado por la Dirección General y actúan con la Dirección Nacional de Talento Humano, Gestión Procesal, Innovación, Administrativo, Planificación, Financiero y la dirección Nacional de Asesorías Jurídicas. Señaló que todas estas áreas trabajan en la declaratoria de una situación extraordinaria y emergente de la Función Judicial, conforme al artículo 40, numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Explicó el director de Asesoría Jurídica que, según lo establecido como propuesta y dialogado con los vocales, se mantendrá que los jueces de primer nivel suban a cortes provinciales y que se debe considerar para la selección de jueces de unidad, por ejemplo, a los ayudantes y secretarios que tengan nombramiento provisional y nombramiento definitivo. La presidenta Caicedo aclaró que solo se tomará en cuenta al personal con nombramiento, no personal con contrato.
“Se está haciendo una justificación, una fundamentación técnica y jurídica que va a motivar la situación emergente y extraordinaria de la Función Judicial conforme al artículo 40, numeral 2, del COFJ. Concomitante con eso también se está trabajando en un análisis de afectación presupuestaria. Si todas las partidas están financiadas o no están financiadas, se está haciendo ese análisis, planteando acciones para ello, y también se está estableciendo el mecanismo, la propuesta del mecanismo para la selección inmediata de los jueces temporales”, sostuvo Peñaherrera.
Datos del propio Consejo de la Judicatura señalan que en todo el país hay un total de 2.641 ayudantes judiciales, 653 de ellos con contrato, 187 con nombramiento y 1.801 con nombramiento provisional. En cambio, en lo que respecta a secretarios, 337 con contrato, 691 con nombramiento y 487 con nombramiento provisional.
Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha y secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, reconoce que es urgente designar jueces temporales para enfrentar la crisis de falta de personal en el sistema de justicia, pero aclara que esto debe ser solo una medida transitoria mientras se realizan evaluaciones, concursos serios y transparentes para jueces definitivos, priorizando la probidad y evitando la corrupción.
El líder gremial analiza que si bien esta decisión de colocar jueces temporales es correcta en este momento, se debe tener claro que si se los mantiene un largo periodo puede ser también perjudicial, porque ahondará la falta de confianza que ya es evidente en el sistema de justicia.
“Los jueces temporales, como su nombre lo indica, son eso, temporales y, obviamente, estos magistrados no van a entrar con los filtros con los que entrarían los jueces definitivos. Entonces, es necesario hacer los concursos que nos den una Función Judicial absolutamente confiable. Eso es lo que queremos, no solo los abogados de todo el país, sino todos los usuarios del sistema”, anotó Guzmán, quien también cree que la declaratoria de emergencia debería ser integral, pues el sistema de justicia nacional requiere depuración, más talento humano, mejor infraestructura, tecnología y recursos suficientes del Estado, sin interferencia política.
El vocal Fabián Fabara resaltó que esto se va a realizar para ubicar a jueces temporales y que es una selección, no un concurso. En medio de la sesión del Pleno, Fabara planteó la posibilidad de realizar una consulta a la Procuraduría General del Estado (PGE), conforme ocurrió en la Fiscalía cuando declaró una emergencia, la posibilidad de vincular en calidad de jueces temporales al personal administrativo judicial o jurisdiccional. “Esta es una consulta que tiene un dictamen vinculante, pero de manera exclusiva para la carrera fiscal”, resaltó.
A criterio de la unidad asesora jurídica del CJ, liderada por Santiago Peñaherrera, existirían actualmente dos criterios emitidos respecto de este tema por la PGE que se encuentran vigentes, es decir, no se han dado de baja estos actos normativos y sirven para que Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura tenga el suficiente sustento legal. Uno de los criterios tiene relación con la Fiscalía General del Estudio y otro a la Corte Nacional de Justicia.
“Desde el punto de vista personal considero que no sería necesario elevar una nueva consulta a la PGE, puesto que ya existe claridad normativa al respecto. Además, esto con un informe jurídico, evidentemente bien fundamentado, nos permitiría dar mayor celeridad al proceso de designación y selección de los jueces temporales”, manifestó Peñaherrera.
Fue una insistencia de varios de los vocales el que los informes que se entreguen para el análisis cuenten con información actualizada, la cual permita tomar una decisión lo más apegada a la situación real del sistema de justicia. Aún no se conoce a qué hora se reunirán los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura para analizar los insumos que se entreguen y sirvan para la decisión que finalmente se adopte. (I)
