El movimiento Futuro 20, que auspicia la precandidatura a la reelección del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, anunció que presentará los recursos de aclaración y ampliación a la sentencia emitida por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, quien resolvió suspender los derechos de participación política del funcionario tras determinar que incurrió en una infracción electoral muy grave.
La decisión del juez también contempla una sanción económica dentro del proceso por presunta violencia política de género iniciado en noviembre de 2025. La denuncia fue presentada por la viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza.
El director nacional de Futuro 20, Gustavo Larrea, informó que el movimiento realizó sus elecciones primarias el pasado 29 de junio, jornada en la que Hermel Tayupanda aceptó oficialmente su precandidatura a la reelección. En ese proceso también fueron designados los precandidatos a alcaldes de los nueve cantones de Chimborazo, así como aspirantes a concejalías y juntas parroquiales.
Sobre la resolución del juez Ortega, Larrea señaló que se trata de un fallo de primera instancia, por lo que la organización política ejercerá los recursos previstos en la normativa electoral. El juez suspendió los derechos políticos a Tayupanda por seis meses.
“Presentaremos los recursos de aclaración y ampliación dentro del plazo legal. Si es necesario, apelaremos ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, porque consideramos que esta sentencia vulnera el derecho a la participación política”, afirmó.
El dirigente sostuvo que la sentencia contiene aspectos que, a su criterio, carecen de sustento jurídico y requieren ser aclarados. Agregó que la resolución no fundamenta adecuadamente la configuración de violencia política de género y que, en su opinión, sobredimensiona un intercambio verbal entre las partes para justificar la sanción.
Larrea aseguró que, mientras no exista una resolución definitiva, la precandidatura de Hermel Tayupanda continúa vigente. Además, sostuvo que existe un interés político por impedir su participación en las elecciones seccionales, al señalar que el actual prefecto registra una intención de voto del 35 %.
El director de Futuro 20 comparó el caso con el proceso que enfrentó el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, cuya candidatura también fue auspiciada por esa organización política.
“Nos parece que todo esto responde al uso de la administración de justicia electoral para eliminar a algunos candidatos de la carrera electoral”, manifestó Larrea.
(I)
