Con la presencia en la sala de audiencias del expresidente Lenín Moreno y no del empresario Conto Patiño se reinstaló la mañana de este miércoles, 8 de julio, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de juzgamiento contra veintiún acusados por el delito de cohecho en el caso Sinohydro. La diligencia está en manos de los jueces nacionales Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Ingay. En este día 29 de la diligencia se escucharán los alegatos de cierre de las partes.

En este proceso penal son investigados por el delito de cohecho personas que son parte del entorno familiar de Moreno, exbinomio presidencial con Rafael Correa; familiares y cercanos al empresario Patiño, incluidos los abogados en libre ejercicio Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida; así como también el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo y los exfuncionarios de la empresa Sinohydro Yan Huiju y Song Dongsheng.

En el caso Sinohydro, según la Fiscalía, se procesa una trama de sobornos que habría ocurrido entre los años 2010 y 2018, en la contratación de la empresa pública china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, ha asegurado que en esta causa la empresa china entregó a modo de sobornos más de $ 76 millones para que el contrato de construcción de la megahidroeléctrica quedara en manos de esa compañía pública.

La teoría del caso de Fiscalía señala que la empresa pública Sinohydro entregó $ 76,1 millones en sobornos, de los cuales algo más de $ 1 millón llegó al grupo del expresidente Moreno y $ 58,8 millones a cuentas “personales, corporativas y de compañías” relacionadas con Conto Patiño, sus familiares y los abogados en libre ejercicio. Las coimas aparentemente habrían llegado por actos que facilitaron que la china Sinohydro se quedara con el contrato de construcción.

Alarcón aseguró que altos funcionarios públicos, aprovechando su posición, intervinieron de manera directa para viabilizar decisiones clave, particularmente en la adjudicación y financiamiento del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, configurando una contraprestación indebida materializada en beneficios económicos, personales y familiares.

En los primeros 21 días de la diligencia, la Fiscalía presentó su prueba pericial, testimonial y documental para acusar a siete personas como autores directos del delito de cohecho y a catorce como cómplices.

La carga probatoria expuesta incluyó 19 pericias, 29 testimonios y cerca de 90 pruebas documentales. La información expuesta consistió en explicaciones técnicas emitidas por peritos expertos en áreas como finanzas, criminalística, traducción e información societaria; relatos de personas convocadas para aportar información relevante sobre los hechos investigados; informes, catorce asistencias penales internacionales solicitadas a Panamá, Belice, España, Estados Unidos y Suiza, oficios, registros, estados de cuenta y otros documentos incorporados al proceso.

De su parte, las defensas de los procesados presentaron prueba que los desvinculaba de los hechos acusados por Fiscalía y les llevaba a pedir al Tribunal de Juzgamiento que emita un auto de sobreseimiento sobre quienes han dicho que son inocentes.

Felipe Rodríguez, abogado de la acusada como cómplice Priscila Burneo, espera que la Fiscalía defienda el trabajo que ha venido haciendo y, por lo tanto, mantenga su acusación en el alegato de cierre, pero piensa que también la Fiscalía tiene la oportunidad histórica de ser justa, de ser objetiva y de hacer justicia a través de su actuación como titular de la acción penal pública.

Esta audiencia se instaló el 11 de mayo pasado, luego de que se llamó a juicio a los 21 sospechosos en diciembre de 2025.

El fiscal Carlos Alarcón es el primero en presentar los alegatos de cierre. (I)



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