Al menos noventa y cuatro elementos de convicción presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en cinco días de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Magnicidio FV, que investiga a siete personas por el asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023.
El quinto día de audiencia se reinstaló pasadas las 09:20 de este viernes, 3 de julio de 2026, de manera presencial en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y de forma telemática vía Zoom. La diligencia se suspendió cerca de las 12:40.
En esta jornada, la fiscal del caso, Ana Hidalgo, continuó presentando elementos de convicción que sustentan su dictamen acusatorio en contra de los siete procesados como autores mediatos del asesinato del candidato presidencial.
Entre los elementos expuestos por la Fiscalía están oficios, informes, testimonios anticipados, versiones de peritos, entre otros.
Antes de que el juez penal de Pichincha Geovanny Freire declare reinstalada la audiencia de este viernes, Patricio Rosero, abogado de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, alegó un incidente en torno a las medidas de protección que tienen sus defendidas.
Las hermanas y su abogado adujeron actos de intimidación y hostigamiento en redes sociales por parte de un usuario detrás del cual estaría María Paula Christiansen, esposa de José Serrano, procesado en este caso. El juez Freire dejó por sentado este incidente y reinstaló la diligencia.
Si bien estaba previsto que la audiencia preparatoria de juicio continúe este sábado, 4 de julio, el juez Freire anunció que la diligencia continuará el lunes 6 de julio desde las 09:00.
Los acusados por el asesinato del político ecuatoriano son José Serrano, exministro del correísmo; Xavier Jordán, llamado a juicio en el caso Metástasis; Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC); Daniel Salcedo, condenado por actos de corrupción en las áreas de la salud y judicial; Luis Arboleda, alias Gordo Luis, y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos; y el líder máximo de esta organización, Wilmer Chavarría, alias Pipo.
La Fiscalía acusa que los procesados por este crimen actuaron en tres fases o aristas, conforme se habría identificado en la etapa de investigación: la planificación, la ejecución y el encubrimiento.
De hecho, en estos cinco días de audiencia, la fiscal Hidalgo reconstruyó las tres fases del asesinato con base en testimonios de Daniel Salcedo, Ronal Herrera y Marcelo Lasso.
Se cree que varios días más le tomará a la Fiscalía exponer todos los elementos de convicción comunes e individuales que mantiene contra los siete acusados y el anuncio de la carga probatoria que usará si la decisión del juez es llamar a etapa de juzgamiento.
Luego intervendrán los abogados de las tres acusaciones particulares aprobadas: Amanda y Tamia Villavicencio; Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio; y la relacionada con la madre y varios de los hermanos del político asesinado.
Finalmente será el turno para que intervengan en la audiencia las defensas de Serrano, Jordán, Aleaga, Salcedo, Chavarría, Arboleda y Aguilar. En este punto, estos abogados podrán contradecir la teoría acusatoria de la Fiscalía y harán también el anuncio de la prueba pericial, testimonial y documental que evacuarán si se llama a juicio en esta causa.
Según el dictamen acusatorio de la FGE, Xavier Jordán fue quien motivó la iniciativa de asesinar al candidato presidencial y exasambleísta, pues Fernando Villavicencio, dijo la fiscal, lo relacionó de manera directa con casos de corrupción estatal y manejo de negocios ilícitos. La Fiscalía sostiene que Jordán realizaba actividades de planificación y acercamientos iniciales para los seguimientos a Villavicencio a través de Leandro Norero (+).
Sobre el exministro del correísmo José Serrano, la fiscal argumenta que fue una persona estratégica que transformó la propuesta de Jordán de asesinar a Villavicencio en una operación ejecutable. Según el dictamen fiscal, Serrano era el encargado de coordinar el control policial y facilitar la ejecución del atentado mediante contactos dentro de la Policía Nacional.
En tanto que a Daniel Salcedo Bonilla se lo ubica como un facilitador logístico, financiero y enlace criminal que permitió materializar el asesinato, pues “transformó la decisión criminal de silenciar a Villavicencio en operación”.
En cuanto a los integrantes de Los Lobos, la Fiscalía señala que Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de este GDO, fue quien dispuso operadores, activó recursos criminales, supervisó los seguimientos y autorizó el asesinato del candidato presidencial; Luis Arboleda, alias Gordo Luis, dice la fiscal, recibió y distribuyó el dinero que pagaron los financistas para asesinar a Fernando Villavicencio, o sea, fue el operador logístico y financiero de la estructura criminal que consumó el asesinato; en tanto que a Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, la FGE lo ubica como la persona que coordinó la logística para concretar el asesinato, pues conocía perfectamente el plan para ejecutar el magnicidio. (I)
