La Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), en su calidad de accionista de Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), casa editora de los medios Expreso y Extra, informó que presentó acciones legales para que se investiguen presuntos pagos realizados sin la autorización prevista en la Ley de Compañías y que, según la entidad, habrían afectado a la empresa, sus accionistas, trabajadores y al Estado.
En un comunicado, Inmobiliar señaló que, de acuerdo con la documentación revisada, el presidente ejecutivo y gerente general de Granasa, Galo Martínez Leisker, percibe una remuneración mensual fijada por la junta de accionistas. Sin embargo, indicó que, en paralelo, su empresa GML EURL, Servicios Editoriales, presuntamente habría facturado a Granasa aproximadamente $ 1,6 millones entre 2019 y 2026 por concepto de asesorías.
La institución sostuvo que estos pagos “probablemente” no contaban con un contrato que los sustentara y que “aparentemente” no fueron conocidos ni aprobados por la junta general de accionistas, como establece el artículo 261 de la Ley de Compañías para este tipo de contrataciones.
Además, Inmobiliar señaló que un presunto correo electrónico enviado por Martínez, relacionado con la convocatoria a una junta extraordinaria el 22 de junio de 2026 para aprobar un contrato, constituye un elemento que, a criterio de la entidad, podría evidenciar que los pagos realizados durante varios años no habrían contado con un respaldo contractual previo.
El comunicado también menciona la existencia de supuestos pagos realizados con recursos de la compañía para gastos que la entidad considera de carácter personal, entre ellos servicios de lavandería y seguros médicos privados, cuya justificación, según indicó, debe ser esclarecida.
Inmobiliar cuestionó además la necesidad de contratar servicios de asesoría a una empresa representada por el propio gerente general de Granasa cuando las actividades facturadas corresponderían a funciones inherentes a su cargo. También señaló que debe investigarse el origen de los recursos utilizados para esos pagos si la empresa no registraba utilidades suficientes para su distribución.
La entidad informó que, en el ámbito civil, presentó una demanda para que se determine la responsabilidad del gerente general y se reparen los presuntos daños ocasionados. En el ámbito penal, indicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos y establezca las responsabilidades correspondientes.
Inmobiliar concluyó indicando que la controversia “es estrictamente societaria y patrimonial” y señaló que no tiene interés en la línea editorial de Granasa. La institución agregó que las personas mencionadas en el comunicado mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial ejecutoriada. (I)
