El juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Jairo García difirió la audiencia de revisión de las medidas cautelares que pesan en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dos de sus hermanos y otros procesados por el delito de lavado de activos en el denominado caso Goleada.
La diligencia estaba prevista para las 14:30 de este lunes, 29 de junio de 2026, sin embargo, el juez de la causa aceptó el pedido de diferimiento que hicieron las defensas de los procesados.
En este caso existen 26 personas, entre naturales y jurídicas, investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), que acusa a Aquiles Alvarez y su familia de conformar una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.
Inicialmente, el pedido de audiencia de revisión de medidas lo realizaron el alcalde Aquiles Alvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez; el primo de los hermanos Alvarez, Andrés Viteri, por un departamento que fue incautado; la empresa Inmobiliaria Fiorema S. A., cuya única accionista es Gioconda Henriques, madre del alcalde, y que tiene a José Ruiz Castillo como presidente de la compañía, y el procesado Gastón Aparicio Loy.
A esta solicitud se sumó el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez, también procesado en este caso, quien pidió al juez que convoque a una audiencia para la revisión de la medida cautelar que pesa sobre su vehículo, un Toyota 4Runner.
Al igual que los procesados, el fiscal del caso, Dennis Villavicencio, solicitó al juez Jairo García que señale un día y hora para la audiencia de revisión de medidas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez. El magistrado aceptó el pedido y unificó esta diligencia a la audiencia que solicitaron previamente Aquiles Alvarez y otros investigados, y que fue fijada para este lunes.
En un escrito ingresado antes de la instalación de la audiencia, el juez aceptó los pedidos de diferimiento tras apelar al principio de igualdad, pues en una fecha anterior el magistrado aceptó una solicitud de diferimiento que hizo la Fiscalía.
El juez García informó que, de manera diligente, se señalará una nueva fecha y hora para la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de las medidas cautelares solicitada por las partes.
El 11 de febrero, un día después de los allanamientos a la vivienda de Aquiles Alvarez, el juez Jairo García ordenó la prisión preventiva para cinco procesados, entre ellos Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez, presentación periódica y prohibición de salida del país para otros cinco y arresto domiciliario para uno más.
El 12 de febrero, el alcalde fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde estuvo hasta el 9 de marzo, fecha en la que fue cambiado, por razones de seguridad, a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, donde permanece actualmente.
Los hermanos del alcalde salieron en libertad el 2 de abril, luego de que un tribunal levantó la medida para Aquiles, Xavier y Antonio, pero el alcalde permaneció detenido debido a una orden de prisión preventiva por el caso Triple A.
Según la teoría fiscal, el grupo empresarial y familiar “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, el que se debía despachar a embarcaciones de bandera nacional; sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener dineros indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos”.
Actualmente, el caso Goleada se encuentra en etapa de instrucción fiscal, que vence este 30 de junio. (I)
