La prueba pericial, un daño añadido a las negligencias médicas | Negocios

España cerró 2025 con 14.986 presuntas negligencias médicas y 951 fallecimientos asociados, según la memoria de la asociación El Defensor del Paciente, que recibió 41 reclamaciones diarias el año pasado. Las cifras son las más altas de la década, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿hay más mala praxis o más litigiosidad sanitaria? La respuesta apunta a una combinación de ambas cosas, pero con un elemento decisivo. El sistema empuja con demasiada frecuencia el conflicto hacia la vía penal, mientras la prueba pericial se convierte en un cuello de botella que ralentiza, encarece y a veces desfigura la reclamación.

La fotografía que dibuja la memoria de 2025 es la de una sanidad pública sometida a una presión extrema. El Defensor del Paciente sostiene que el deterioro no es coyuntural, sino estructural: urgencias saturadas, atención primaria colapsada, demoras diagnósticas y una sensación de que el sistema responde tarde y mal. Esa lectura sirve para explicar parte del aumento de reclamaciones, porque cuando la asistencia se demora, el conflicto aflora antes y con más intensidad.

Desde el ámbito jurídico, el relato es más matizado. Eugenio Moure, socio director de Moure Abogados, afirma que “las denuncias siempre serán la punta del iceberg de la mala praxis sanitaria”, aunque también vincula el aumento de reclamaciones a “la política de recortes a raíz de la crisis financiera” y a “la pandemia después”, factores que, a su juicio, habrían provocado “disfunciones en el sistema sanitario público”. Lo cierto es que no todos los conflictos que nos llegan al despacho reflejan una negligencia punible penalmente, pero es esta vía la que tiene cada vez más presencia”.

Esa facilidad para transitar la denuncia penal tiene mucho que ver con los incentivos procesales. Esperanza Marcos, presidenta de la sección de Derecho Sanitario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) , explica que en la vía civil o contencioso-administrativa el paciente suele tener que pagar un informe pericial de parte, mientras que en penal el peritaje inicial lo realiza el médico forense adscrito al juzgado. Este hecho convierte el procedimiento en una herramienta de “coste cero” para el denunciante. “Ese mecanismo termina funcionando a veces como una vía para forzar acuerdos extrajudiciales ante la amenaza de una pena de inhabilitación o prisión”. El resultado es que se eleva la penalización del conflicto médico, aunque no siempre responde a la gravedad del caso.

Esperanza Marcos sostiene que “la vía penal debería reservarse exclusivamente” para supuestos graves, como la “violación del deber de sigilo”, la falta de consentimiento informado”, “falsedad documental” o el “delito de lesiones u homicidio imprudente”. A su juicio, la mayoría de los errores médicos no alcanzan ese umbral y deben resolverse con un pleito civil o patrimonial, porque ahí es donde encajan la mayor parte de las reclamaciones: daños a la salud, perjuicios patrimoniales y necesidad de reparación económica. Su diagnóstico es contundente: “La vía penal que, por definición, debería ser la última, es el camino más transitado”. “La tensión entre mal resultado asistencial e infracción penal aparece también en la advertencia de que “la medicina no es una obligación de resultados, sino de medios”, resume Miguel Javaloyes, socio director de Javaloyes Legal. Desde esa perspectiva, el problema no es que exista daño, sino que pueda acreditarse una infracción de la lex artis — buenas prácticas que sigue un profesional— ad hoc .

Más denuncias

El incremento de denuncias por negligencia médica se topa con el atasco en los tribunales y la escasez de peritos. Miguel Javaloyes subraya que el sistema está “completamente colapsado” y que esa lentitud afecta a todas las jurisdicciones.

Todos los expertos coinciden en que el informe técnico es decisivo, pero discrepan en la causa del embotellamiento. “No creo que la escasez de peritos sea el motivo que retrase la resolución de estas reclamaciones”, opina Moure, aunque reconoce que la prueba pericial es relevante para el sentido del pleito y que el sistema de reclamaciones está condicionado por el coste.

Javaloyes, por su parte, atribuye la escasez a “cierto corporativismo”, que hace que “sean pocos los médicos que están dispuestos a fiscalizar el trabajo de sus colegas”. Además, añade que “los peritos médicos suelen ser muy caros, sobre todo en determinadas especialidades”. Desde el ICAM, Esperanza Marcos propone especializar los institutos de medicina legal, reforzar la independencia de los forenses y segmentar las listas de peritos por especialidades reales. La experta considera a los forenses especialistas en valoración del daño corporal que “no siempre poseen la especialidad clínica concreta” necesaria en casos complejos, y alerta de que los informes genéricos obligan a aclaraciones interminables. También plantea fijar plazos máximos para los informes forenses y acelerar la obtención de la historia clínica digital, para evitar pérdidas de tiempo o de información. La idea de fondo es que “si el sistema pericial es lento o impreciso, la justicia llega tarde y el conflicto se enquista”.

España no vive en una epidemia uniforme de mala praxis, sino que un sistema tensionado se está haciendo más visible, más litigioso y difícil de gestionar. Hay más demanda asistencial, listas de espera, frustración y, en paralelo, un sistema de prueba que no siempre da respuestas ágiles ni especializadas. Por eso el dato de las 14.986 denuncias debe leerse menos como una cifra aislada y más como el síntoma de un problema mayor: una sanidad menos eficiente a la que se une un proceso judicial que, a veces, convierte la búsqueda de reparación en una carrera de obstáculos.