No fueron las decisiones judiciales en acciones de protección, sino las pugnas políticas y administrativas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) las que dejaron, por ahora, en el limbo el concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado.
Además, el 20 de junio se cumplieron los cuatro meses del periodo fijo que da la normativa para designar a esta autoridad, y no se cumplió.
Desde el 22 de enero de este 2026, una comisión ciudadana, compuesta por nueve de diez personas, lleva a cabo el concurso público para elegir a un nuevo fiscal, pero teñido por una serie de anomalías.
La comisión empezó a funcionar y ocho días después renunciaron los dos delegados de la Función Judicial, principal y suplente, Natalia Guarnizo y Santiago Ribadeneira, respectivamente.
El Consejo de Participación Ciudadana solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), como titular de la función, que remita nuevos perfiles y su designación se hace sin agilidad.
También removieron a Wellington Andachi, un excomisionado ciudadano, porque no asistía presencialmente a las sesiones porque tuvo una emergencia médica. Lo sacaron y, en su lugar, se principalizó a Ericka Aguaguiña.
Ahora, este cuerpo colegiado funciona con nueve personas a las que se integrará una, por efecto de la renovación de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En representación de la “ciudadanía” están Cynthia Jacho (presidenta), Ericka Aguaguiña, Christian Arpi, Hugo Ludeña y Zoila Echeverría. Como delegados de las funciones del Estado están David Flores (Ejecutivo), Pamela Garay (Transparencia), Silvana Ramírez (Legislativo) y Maribel Baldeón (Electoral), quien reemplazará a Tayron Valarezo.
A propósito de la integración de esta instancia, surgieron cuestionamientos a los comisionadas Jacho y Aguaguiña, que obtuvieron títulos en derechos hace pocos años y su experiencia en el libre ejercicio ha sido el de asistentes en estudios jurídicos.
Incluso, llamó la atención los documentos que se valoraron a las comisionadas, que son certificados de capacitación obtenidos de un portal virtual en los mismos periodos.
Esto motivó al asambleísta Luis Molina, de la Revolución Ciudadana (RC), a presentar una denuncia ante la Fiscalía General que está en investigación previa.
Plazos que se incumplen
El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, se comprometió a designar a un nuevo fiscal en diciembre del 2025 y en febrero de 2026.
Exaltaba que su iniciativa de reglamento para el funcionamiento de las comisiones ciudadanas impone un periodo fijo de cuatro meses, con una extensión de dos meses, para cumplir con la tarea. Ese plazo rige desde que se posesiona a los comisionados.
El consejero solía especular que los tiempos podrían extenderse por las acciones de protección con pedidos de medidas cautelares que suelen interponer los participantes inconformes y suspender el concurso.
Sin embargo, esa inconformidad vino de las autoridades del CPCCS. Una de las primeras decisiones de la comisión ciudadana, y que aprobó el pleno del Consejo, fue modificar esos plazos.
Decidieron que el periodo fijo no se contará desde la posesión de los comisionados (22 de enero), sino desde la convocatoria a los abogados a inscribirse en el concurso (18 de febrero).
Este 20 de junio se completaron los cuatros meses de periodo fijo y el CPCCS no ha resuelto un pedido de extensión del plazo.
El 8 de junio, los comisionados aprobaron una actualización del calendario en el que se ofrece tener el fiscal electo entre el 23 y 25 de octubre de 2026.
Para justificar esta extensión señalan que los reglamentos emitidos por el CPCCS tienen una “antinomia” que violenta los derechos de los postulantes al concurso y que no es posible cumplir el periodo fijado de cuatro meses, ni de los seis meses.
Según su interpretación, los términos (días hábiles) “superan en demasía a los cuatro meses” fijados en el reglamento de comisiones ciudadanas, aun si se solicita una prórroga de dos meses.
Por lo que la “antinomia nace cuando en el artículo 73 del reglamento para el funcionamiento de las comisiones se ordena cumplir con los plazos y términos establecidos en el reglamento específico para la sustanciación del concurso de méritos y oposición y, a su vez, que se cumpla con las fases del concurso.
Dicen los comisionados que la Constitución reconoce que las normas se interpretan en el sentido que más favorezca a la vigencia de las derechos y, en ese sentido, se aplicará ese principio para favorecer el respeto y vigencia de los derechos de los postulantes, ya que si aplican el plazo van a “violentar de manera flagrante los términos” reglamentarios.
Con ello, el nuevo fiscal del Estado no se elegirá en julio ni agosto, como se preveía en el primer calendario, sino entre el 23 y 25 de octubre de este 2026.
Los consejeros de Participación todavía no aprueban ese nuevo calendario. En tanto, los comisionados sesionan usualmente en las noches para aprobar actas, ya que esto les sirve para cobrar sus dietas (salarios).
Informe de méritos divide posiciones
Al concurso se postularon 75 personas, de las que 28 fueron admitidas porque cumplieron requisitos legales y no estaban inmersas en prohibiciones.
Estos 28 pasaron a la etapa de calificación de méritos valorada en 50 puntos, de un total de 100. Los otros 50 puntos son para la etapa de oposición, dividida en 30 una prueba escrita y 20 una comparecencia oral.
Hubo veintidós pedidos de los aspirantes para que se corrijan las notas, pero la comisión aceptó el pedido de nueve, a quienes subió entre uno y cinco puntos.
El informe final de calificación y recalificación de méritos se conoció en el pleno del CPCCS, pero faltó un voto para resolver sobre él.
La mayoría que conduce Andrés Fantoni no operó; no tuvo el apoyo de dos de sus aliados: Roberto Gilbert, quien se abstuvo, y David Rosero, que se ausentó de la sesión virtual del 11 de junio pasado, en la que se trató el tema.
Votaron a favor Fantoni, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez; las vocales Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, en contra.
Durante esa plenaria, Gilbert participaba desde un espacio abierto y, de repente, en la transmisión se observa caminar a José de la Gasca, aspirante a ser fiscal y exministro de Gobierno de Daniel Noboa.
Ocho días después de este suceso, el 18 de junio, Roberto Gilbert renunció a la consejería, aunque aclaró que su decisión no está relacionada con la aparición de De la Gasca.
El Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho ningún pronunciamiento: Andrés Fantoni está de vacaciones y, extraoficialmente, se conoció que viajó a los Estados Unidos para asistir al Mundial de Fútbol 2026.
Quien lo reemplaza, Jazmín Enríquez, viajó a Colombia, aparentemente con todos los gastos pagados, para participar como observadora de las elecciones presidenciales de segunda vuelta del 21 de junio.
Enríquez no ha convocado a una sesión para replantear la votación de dicho informe de calificación de méritos ni de las actividades de la comisión, lo que impide que avance a la etapa de impugnación ciudadana.
El documento que contiene las notas de los 28 aspirantes tiene en los tres primeros lugares a Daniella Camacho con 48/50, Inés Romero con 47,25/50 y Carlos Alarcón con 46,50/50.
En el puesto ocho del listado está José de la Gasca.
La Asamblea Nacional debe resolver quién suplirá a Gilbert y si tendrá afinidad a la mayoría de Fantoni, para que se sume al pleno de siete consejeros.
En la lista de los candidatos al CPCCS, electos en los comicios de febrero de 2023, a Gilbert le sigue el economista Johnny Escobar, quien para principalizarse tendría que ser posesionado en el pleno del Legislativo.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, organismo no gubernamental que es parte de la veeduría independiente Comisión Cívica de Seguimiento al concurso, advierte que estos sucesos están aplazando la designación.
“Según los cronogramas aprobados por la comisión ciudadana, en pocas semanas deberíamos tener una autoridad definitiva y titular en la Fiscalía, pero, al paso que va, ni en este último trimestre del año se cumplirá. Hay que vigilar lo que está sucediendo en el Consejo porque podría ser una movida política. Esta es una razón más por la que esta institución no tiene credibilidad y rechazo ciudadano”, dijo Alarcón. (I)
