Han transcurrido siete semanas desde la última sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para conocer los avances de la investigación sobre la gestión de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), durante el periodo de Hernán Luque Lecaro.
Lo que se indaga en la legislatura es una presunta red de corrupción que habría operado en EMCO-EP, entidad que coordinaba doce empresas públicas, incluyendo sectores estratégicos, durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Este mismo proceso se investiga en la Fiscalía en el denominado caso Encuentro.
La denuncia fue presentada por el legislador de ADN y miembro de la mesa de Fiscalización Luigi García.
Alrededor de este tema, la comisión presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez se reunió el 6 de mayo pasado y desde esa fecha no volvió a convocarse a la mesa para conocer el avance del proceso.
Sin embargo, el presidente de la mesa remitió oficios a seis instituciones públicas para solicitar información relacionada con la gestión y operación de EMCO EP. Los requerimientos fueron dirigidos a la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General del Estado, la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).
A la Superintendencia de Bancos se pidió el detalle de las acciones de supervisión realizadas respecto del cumplimiento de normas de “Conozca a su cliente” y debida diligencia en la banca nacional, en especial a Banco Guayaquil, en relación con las cuentas de personas naturales de Hernán Luque Lecaro, Danilo Carrera Drouet, Gabriel Nain Massuh, Leonardo Cortázar Arcos, Rubén Cherres, Oswaldo Rosero Quirós, Hugo Aguiar Lozano, Gonzalo Uquillas Vallejo, Xavier Vera Grunauer, Jorge Orbe Calderón, Hugo Aguiar, Ítalo Cedeño, Antonio Icaza, Karen Leonor Cornejo Ortega, Luis Arias Cornejo, y en general de todos los involucrados en el caso Encuentro.
Igualmente, se solicitó un informe técnico sobre las inspecciones o auditorías de control interno realizadas o planes de acción dispuestos en BanEcuador para investigar presuntas irregularidades en la gestión de activos, concesión de créditos, procesos internos, o en general a la colocación de créditos o gestión de activos durante el periodo 2021-2023, que pudieran haber sido influenciados por la presunta red de gestión de cargos y adjudicación de contratos identificada en la extinta EMCO EP, bajo la gestión de Hernán Luque Lecaro, que habría instrumentalizado la estructura de BanEcuador B. P., para facilitar el flujo de capitales o beneficios económicos a favor de terceros vinculados a la organización investigada en el caso Encuentro.
Al respecto, la Superintendencia informó que no realiza investigaciones individualizadas sobre personas naturales determinadas, ni efectúa análisis particularizados de cuentas, clientes u operaciones específicas fuera de los cauces previstos por la ley.
Que la determinación de responsabilidades individuales, el análisis de conductas particulares o la investigación de personas naturales específicas exceden el ámbito de su competencia y que corresponden, según la materia, a la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y demás organismos con facultades de investigación y sanción.
La Superintendencia sugirió que la Comisión de Fiscalización dirija el requerimiento a la UAFE, organismo que cuenta con la información y competencias necesarias para atender dicho pedido.
A la Contraloría General del Estado, la Comisión de Fiscalización solicitó el detalle de los exámenes especiales (aprobados, en ejecución o planificados) sobre los procesos de contratación de emergencia y régimen especial en CNEL EP y Celec EP correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
Además, que informe si, producto de las acciones de control ejecutadas a la gestión de Hernán Luque Lecaro como presidente del directorio de EMCO EP, se han emitido informes con indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa, detallando el estado actual de dichas glosas o sanciones, abarcando específicamente el periodo comprendido entre 2021-2023. Sobre las respuestas a este pedido de información aún no se conoce.
El 11 de mayo pasado, el presidente de la mesa de Fiscalización solicitó información a José Julio Neira, en su calidad de director de la UAFE, que confirme la existencia, la fecha de emisión, así como remitir el listado de informes de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) detectadas en el sistema financiero nacional asociadas a las cuentas de los ciudadanos involucrados en el caso Encuentro, entre los años 2021-2024.
Además solicitó información si dentro del rastreo financiero del denominado caso Encuentro se ha requerido asistencia a unidades de inteligencia financiera de otras jurisdicciones respecto de flujos de capital asociados a empresas offshore relacionadas con los actores antes citados.
También se pidió informar sobre posibles alertas financieras relacionadas con la constitución y movimientos de capital de las empresas Altaten S. A. y Acreti S. A.
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