La audiencia de juzgamiento del denominado caso Triple A continuará este fin de semana en el Complejo Judicial Norte de Quito. La diligencia fue suspendida la madrugada del 11 de junio y se reanudará con la presentación de la prueba anunciada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El juicio está a cargo del Tribunal Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata, y fue convocado para este sábado, 13 y domingo, 14 de junio, desde las 08:30.
La diligencia seguirá con la presentación de los peritos anunciados por la fiscal del caso, Ruth Amoroso. En el último día de audiencia, ante el Tribunal compareció un perito informático, quien elaboró un análisis de la compra y venta de combustible por las seis empresas investigadas.
La pericia observó el mecanismo comercial que se habría utilizado para cometer el delito en un periodo que va desde el 2020 hasta septiembre de 2024 y la venta de dos o más tipos de combustibles que se hacía a la placa de un vehículo.
En tanto que para este sábado está previsto el testimonio de un perito financiero; mientras que hasta el domingo, 14 de junio, se espera que la Fiscalía termine con la presentación de testigos y peritos.
En este caso están procesadas 16 personas naturales y jurídicas (empresas) y se investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Entre los procesados está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, así como su primo Fernando Viteri, quien se encuentra prófugo de la justicia con una orden de prisión preventiva.
Desde el pasado fin de semana hasta este 9 de junio, en la audiencia de juicio del caso Triple A han comparecido testigos que son funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quienes explicaron la venta de combustible de las empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil y su familia a sectores no autorizados; una auditora de la Contraloría General del Estado, la cual expuso parte de un informe que determinó que las empresas vinculadas a Aquiles Alvarez facturaron más combustible del que recibieron de Petroecuador y compraron y vendieron combustible a otros segmentos no autorizados; funcionarios de Petroecuador; y trabajadores de entidades bancarias que detallaron información financiera sobre las cuentas de las empresas y personas procesadas y sus movimientos.
Con la presentación de estos testigos, la Fiscalía busca demostrar la participación de todos los imputados por la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos. (I)
