Llegó para un periodo transitorio y se quedó ocho años y cuatro meses en la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta este 11 de junio de 2026, que Diana Atamaint fue removida de esta función por iniciativa de sus colegas consejeros, llevando a cuestas un juicio político que se ha postergado por cuatro años y haber sido la cara en 20 procesos electorales.
Luego de diálogos internos y en medio de la preparación de los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026, una nueva mayoría se conformó en el Consejo Nacional Electoral con la que se la removió de la presidencia a Diana Atamaint y a Enrique Pita de la vicepresidencia.
Desde este 11 de junio, el despacho de la presidencia lo ocupará José Cabrera y Esthela Acero, el de la vicepresidencia.
Diana Atamaint Wamputsar, exasambleísta por las filas de Pachakutik (PK), asumió la consejería y la presidencia del CNE con el apoyo político de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador (Conaie).
En el 2018, la Conaie la auspició para participar en el concurso público expedito que se hizo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición en el que también fueron electos José Cabrera, Esthela Acero y Enrique Pita. Elena Nájera era consejera suplente y se principalizó por la renuncia de Luis Verdesoto.
Antes de llegar a ser consejera permanente, el CPCCS que lideró Julio César Trujillo, la designó vocal transitoria.
El 20 de noviembre de 2018 fue electa presidenta y como tal, la máxima autoridad administrativa, nominadora y representante legal, judicial y extrajudicial del CNE.
Durante estos años se ha mantenido con el apoyo de los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, y hasta hace pocos años, de Enrique Pita.
Hasta que sus decisiones políticas empujaron su salida por iniciativa de quienes la apoyaban, Cabrera y Acero.
En estos ocho años fue parte de la preparación de 19 procesos de elección y se acercaba al 20, con los comicios seccionales del 29 de noviembre, en los que también se votará por los siete consejeros de Participación Ciudadana.
Se inauguró en las elecciones seccionales de 2019, que estuvieron marcadas por las denuncias de un posible fraude en el conteo de votos, sobre todo en Manabí, lo que incluso provocó que algunas autoridades no se posesionen en la fecha contemplada en la Constitución: el 14 de mayo.
Fue parte de las elecciones generales de primera y segunda vuelta del 2021; las elecciones seccionales de 2023; un referéndum en la parroquia Sevilla Don Bosco (Morona Santigo); las elecciones anticipadas de 2023 de primera y segunda vuelta.
La consulta popular ambientalista del Yasuní y del Chocó Andino; la repetición de las elecciones seccionales en la parroquia Calacalí (Pichincha); entre otros procesos, el referéndum y consulta popular de 2024; las elecciones nacionales de primera y segunda vuelta de 2025; la consulta popular de 2025; las elecciones de San Juan Bosco y de la parroquia Shuar de Pastaza.
Su extensa permanencia en el puesto es consecuencia de que el CPCCS no ha hecho ninguno de los dos concursos públicos para elegir a su reemplazo y de los demás consejeros. Por esto, tampoco han renovado a sus autoridades.
Se sostuvieron con base en el artículo 218 de la Constitución que establece que: el presidente y vicepresidente se elegirán de entre sus miembros y ejercerán sus cargos por tres años.
En su tránsito por esta institución, Atamaint no solo perdió el apoyo de sus colegas consejeros, sino también de líderes indígenas con los que militó en PK.
En los comicios presidenciales del 2021, ella se anticipó a difundir los resultados de un conteo rápido de la votación de Guillermo Lasso y Yaku Pérez que los distanciaba por poco más de 50.000 votos de la Presidencia de la República.
Pérez denunció que se habría producido un fraude electoral que lo elevó a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Hasta la actualidad, se desconoce qué resultados hubo de esa medida.
Este suceso motivó un pedido de juicio político que sigue pendiente de trámite. La iniciativa se planteó el 11 de noviembre de 2021, por los exlegisladores Mario Ruiz y Joel Abad —que acusaron a Atamaint y los vocales Cabrera, Acero, Pita y Verdesoto— de no permitir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas de esa elección.
Han transcurrido cinco años y este pedido de interpelación política ha superado tres periodos legislativos sin que logre ejecutarse, porque el CNE está en constante periodo electoral y, el Código de la Democracia impide que los consejeros sean enjuiciados mientras preparan el sufragio.
Desde otro sector, las denuncias de Atamaint ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han generado incomodidad.
El TCE ha sancionado a pagar cuantiosas multas a organizaciones de la sociedad civil como los YASunidos y dirigentes de la Conaie por incumplimientos en la presentación de sus informes económicos de la campaña electoral por la consulta popular del Yasuní ITT.
Así también, se sancionó a los representantes del partido Socialista Ecuatoriano (PSE), también por sus informes de cuentas de la campaña electoral.
En su historial de decisiones, se la recuerda por la inscripción del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) lista 16.
Esta organización política estaba vinculada al exasambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, que fue sentenciado por corrupción en la construcción del hospital de Pedernales en Manabí.
En diciembre del 2019 se calificó un juicio político en contra de Atamaint; pero, el 31 de enero, en la Comisión de Fiscalización este no prosperó.
La exasambleísta alterna de Mendoza, Pinuccia Colamarco, votó en contra de llevarla a juicio político y, el 3 de febrero, el pleno del CNE aprobó la inscripción de Amigo, que tiene una página web incompleta y según informes institucionales no alcanzó el umbral de votación para acceder al fondo partidario.
No obstante, mantiene su personería jurídica.
Al contrario del partido Unidad Popular (UP), lista 2, que estuvo a punto de desaparecer, porque según informes del CNE no alcanzó el número de afiliados para existir.
Atamaint, con el apoyo de los consejeros suplentes, José Merino y Mónica Noriega, resolvió desaparecer a este partido, pero en el Tribunal Contencioso Electoral se detuvo esa intención.
La jueza electoral Ivonne Coloma emitió un fallo en el que declaró la nulidad de la resolución y regañó al personal del Consejo porque los informes carecían de motivación y elementos para determinar la extinción del partido.
Atamaint no apeló a esta sentencia y Unidad Popular tendrá sus candidatos en las papeletas de las elecciones de noviembre. La expresidenta estuvo fuera del país por, al menos, dos semanas. Estaba de viaje en Corea del Sur.
Como parte de su despedida, Atamaint dijo que lideró 20 procesos electorales, en los que se ha elegido a más de 20.000 autoridades. (I)
