Un grupo de ciudadanos se congregó la tarde de este martes 9 de junio en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de Quito, para respaldar la iniciativa que busca activar un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa.
La propuesta es promovida por el abogado Washington Andrade y por Leonidas Iza, excandidato presidencial y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quienes solicitaron al organismo electoral la entrega de formularios para recolectar firmas.
Andrade explicó a los medios de comunicación que ambos presentaron las solicitudes de manera individual, una decisión que, según indicó, busca evitar posibles objeciones legales que pudieran surgir más adelante durante el trámite.
Por su parte, Iza justificó la iniciativa argumentando que el mandatario habría incumplido compromisos planteados en su plan de gobierno y cuestionó varias de las decisiones económicas adoptadas por la administración de Noboa.
La intención de promover una revocatoria presidencial no es nueva. En febrero de este año, Iza ya había anunciado que desde la Ecuarunari se analizaba impulsar este mecanismo de participación ciudadana y coordinar acciones con otras organizaciones sociales y sindicales.
No obstante, aunque fue elegido para dirigir esa organización indígena, su designación aún no ha sido reconocida oficialmente por la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades debido al incumplimiento de ciertos requisitos administrativos.
De acuerdo con la normativa vigente, para que una revocatoria de mandato presidencial avance es necesario reunir el respaldo del 15 % del padrón electoral, lo que representa más de dos millones de firmas a escala nacional.
Una vez presentada la solicitud, el CNE deberá revisar la documentación y determinar si procede la entrega de los formularios. Si se cumplen todos los requisitos legales y se valida el número de apoyos exigido, el organismo electoral deberá convocar a una consulta popular para que los ciudadanos decidan la permanencia o no del jefe de Estado en el cargo. (I)
