El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, señaló en el auto de imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que “el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda” por parte de la SEPI era un indicio de tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea. Eso, sin embargo, era lo habitual. La propia naturaleza del procedimiento, una especie de negociación, permitía a las empresas que se acogieron durante la pandemia a financiación pública del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) conocer cómo avanzaban los expedientes y se iban cumpliendo los requisitos de los rescates.
En otros casos, lejos de hablarse de información privilegiada no fue un secreto que las compañías tenían acceso al minuto a minuto de los trámites realizados por técnicos de la SEPI y sus asesores independientes. Se trataba de procesos transparentes para las potenciales receptoras de los salvavidas.
Las que dejaron mayor huella de que conocían de antemano que iban a recibir la ayuda fueron las cuatro empresas cotizadas que solicitaron financiación pública (Técnicas Reunidas, Tubos Reunidos, Duro Felguera y Airtificial). Obligadas a una mayor transparencia, las cuatro comunicaron a los supervisores de los mercados que iban a contar con el rescate antes de que fuera aprobado. El rastro de sus comunicaciones públicas muestra en algunos casos que disponían de esa información no solo antes de la aprobación por el Consejo de Ministros sino también antes de la decisión del Consejo Gestor del fondo de rescate. También consta que empresas no cotizadas, entre ellas Air Europa y Hotusa, supieron por anticipado que se les iba a entregar la ayuda por parte de la SEPI. Los informes de la UDEF aportados al sumario no hacen ninguna referencia a que ese flujo de información anticipada fuera habitual.
Técnicas Reunidas ya supo (y comunicó) en noviembre de 2021 los detalles de los términos y condiciones de la ayuda a recibir y que el proceso se acercaba a su final. El calendario mostraba la hoja del 1 de febrero de 2022 cuando la SEPI publicó una nota de prensa en la que constataba que sus técnicos y asesores independientes habían dado por finalizado “el análisis para la concesión de 340 millones de euros al Grupo Técnicas Reunidas S.A, canalizados a través de un préstamo ordinario por importe de 165 millones de euros y un préstamo participativo, por importe de 175 millones”. La operación carecía aún de bendición oficial: “En los próximos días se someterá a la aprobación del Consejo Gestor del Fondo [por el FASEE] y, posteriormente, a la autorización del Consejo de Ministros”, afirmaba la SEPI en esa nota que la ingeniería de la familia Lladó remitió con entusiasmo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con ello daba certeza a los inversores de que la ingeniería estaba salvada de la crisis.
En el caso de Tubos Reunidos, fue su presidente, Francisco Irazusta, el que anunció ante los accionistas en la junta de la compañía, el 30 de junio de 2021, que era inminente la llegada de una financiación que terminó siendo de 112,8 millones por parte del FASEE. El Consejo Gestor lo revisó el 13 de julio, y pasó por el Consejo de Ministros el 20 de ese mes. Quedó patente que la dirección del fabricante de tubos tuvo la certeza, con bastantes días de anticipación, de que repondría la maltrecha caja con crédito público.
Por su parte, la firma industrial Airtificial, señaló el 26 de mayo de 2021, “atendiendo a la evolución del trámite de la solicitud al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, encomendado a la SEPI”, que aumentaría capital en 21,2 millones. De este modo sumaba “el esfuerzo de los accionistas al apoyo público del Fondo para superar las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria”, según dijo a la CNMV. Su rescate no fue aprobado por el Consejo Gestor del FASEE hasta el 2 de noviembre, con dos préstamos por un total de 34 millones.
La asturiana Duro Felguera fue de las que agonizó antes de percibir la inyección del crédito estatal, y también de las que retransmitió el proceso ante el mercado. El 28 de agosto de 2020 remite una primera nota a la CNMV hablando de su situación crítica y de la petición de 100 millones al FASEE. El 30 de diciembre de ese 2020 comunica ante el regulador bursátil que ha ampliado sus necesidades a 120 millones y que la SEPI “informa que la solicitud una vez presentada en tiempo y forma legales fue admitida a trámite y se encuentra en periodo de análisis”, previéndose la resolución “antes de finales de enero de 2021″. La nota sobre el plan de viabilidad que le pide el FASEE es publicada el 3 de marzo, “como condición previa a la resolución estimatoria de la solicitud de apoyo público temporal por un importe total de la ayuda de 120 millones”. Ese mismo día obtiene la resolución favorable del órgano supervisor del fondo, tal y como consta en la página web de la empresa. Y el 9 de marzo, como Plus Ultra, recibe la aprobación del Consejo de Ministros. La dirección de Duro Felguera tuvo que seguir al detalle el proceso para responder a continuos requerimientos de la SEPI.
Como se puede comprobar en los registros de la CNMV o en comunicaciones de la propia SEPI, si la aspirante a la financiación estatal era cotizada en Bolsa, solían sucederse notas enviadas a los reguladores del mercado o a los propios accionistas sobre la marcha de procesos que estaban aún por rematar.
En el caso de Hotusa, también supo con antelación, el 23 de septiembre de 2021, que todo estaba listo, antes de que el expediente llegase al Consejo Gestor y, posteriormente, al Consejo de Ministros, el 5 de octubre. Lo mismo consta que ocurrió con Air Europa: tuvieron la comunicación informal de que había luz verde semanas antes de que fuera efectivamente aprobada su financiación.
Los días críticos en la aerolínea
El informe de la UDEF sobre el sostén de la SEPI a Plus Ultra muestra que la compañía aérea supo que tendría el visto bueno a los dos créditos por un importe total de 53 millones al menos el 26 de febrero de 2021, cuatro días antes de que el Consejo Gestor diera su visto bueno.
Ese dinero público, con plazos de amortización en marzo de este 2026 (19 millones del crédito ordinario, aplazado por la crisis del precio del queroseno) y en marzo de 2028 (34 millones de préstamo participativo), debía servir para soportar primero la paralización de los vuelos y luego la crisis de demanda que motivó el Covid-19, aunque se persigue ahora el paradero de hasta el último euro. Fuentes conocedoras del proceso que atravesó Plus Ultra sostienen que el conocimiento anticipado, por parte de la empresa, del plácet de la SEPI y del Gobierno era de toda lógica.
“Dentro del procedimiento de aprobación de un rescate participaban los servicios técnicos de SEPI, distintos asesores externos, de una y otra parte, y la propia compañía potencialmente beneficiaria. Es lógico que el interesado conociera el estado de tramitación de un expediente del que era parte”, señala un técnico cercano a las conversaciones de entonces, que pide anonimato. Una vez que los asesores independientes contratados por la SEPI (DC Advisory y Deloitte en la operación de Plus Ultra) entregan los informes favorables y que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la financiación, “cabía anticipar una resolución favorable al procedimiento administrativo”, añade. Con esa documentación en su poder, conocida por Plus Ultra, los servicios de la SEPI remitieron la propuesta favorable de resolución al Consejo Gestor, que la debatió el 2 de marzo de 2021, y de ahí saltó al Consejo de Ministros, que bendijo el apoyo a la compañía aérea una semana después, el referido 9 de marzo.
Para cuando el portavoz del Gobierno salía a la rueda de prensa a anunciar un rescate, solía haber información con marchamo casi oficial desde días antes. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, celebró con ostras y champán el 2 de marzo de ese 2021 que su empresa eludiría la quiebra cuando aún no había remitido la pandemia (la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 el 5 de mayo de 2023, y en España se oficializó el 4 de julio de ese año). Ese día el Consejo Gestor había dado ssu visto bueno y la recepción de la ayuda estaba en la práctica asegurada.
El informe de diligencias previas elaborado por la UDEF explicita que el trabajo de DC Advisory para la SEPI, sobre la revisión de los requisitos de elegibilidad para el acceso al fondo, está fechado el 23 de febrero de 2021. En ese informe también se respalda el plan de viabilidad presentado por Plus Ultra y su capacidad de pago de la deuda de 53 millones que iba a contraer. Un día después, el 24, es Aviación Civil quien firma un segundo análisis sobre la actividad de Plus Ultra. Al mismo tiempo llega a la SEPI el informe realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sobre la situación económica de la aerolínea, de la que sabe como garantía de que cumplirá con la calidad y seguridad que se espera en el servicio aéreo. Y el 26 de febrero de 2021 es Deloitte, como asesor jurídico de la SEPI, quien cierra las entregas con un informe sobre aspectos legales, fiscales y laborales. De ese modo, la propia empresa sabía que todo estaba listo.
El documento policial sostiene que “el mismo día que se presentó el informe del asesor jurídico contratado por la SEPI, esto es Deloitte [26 de febrero de 2021], en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes [primer accionista entonces de Plus Ultra a través de Snip Aviation] y Julio Martínez Martínez [dueño de Análisis Relevante, supuesta pagadora por asesoramientos a Rodríguez Zapatero], este último le felicita y le da la enhorabuena por haber obtenido el préstamo”.
“Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin dudas, ha sido consecuencia del excepcional labor desarrollada Por el equipo de Plusultra. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI”, dice el mensaje.
La UDEF ve como un indicio de tráfico de influencias, por información privilegiada, que sea el amigo de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, quien comunique mediante un mensaje de texto la obtención de la ayuda pública: “Denota y evidencia un conocimiento previo y extra procedimental del sentido de la resolución, expresando además que la información habría venido de la propia SEPI”, se puede leer en el expediente policial, que usa el condicional. Puesto que solo una pequeña parte de las comunicaciones está intervenida, no es posible saber si la información le habría llegado previamente por otra vía, pero lo que sí parece indicar el mensaje es que el amigo de Zapatero se comunicó con la SEPI.
A los pocos minutos, según la comunicación intervenida, Reyes contestó al supuesto conseguidor Martínez: “Gracias por el apoyo”, y ensalzó su labor aseverando que son “tiempos difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones”. Faltaban cuatro días para que el expediente de Plus Ultra llegara al Consejo Gestor del FASEE y 11 antes de que el Consejo de Ministros otorgara el apoyo financiero anti covid.
El juez Calama suscribe la tesis policial: “La capacidad de la red de influencia para acceder a información privilegiada quedó patente” ese día, dice en el auto de imputación de Zapatero, porque el intercambio de mensajes “celebraba la concesión de la ayuda antes de la decisión formal”. En realidad, eso era lo habitual en los rescates de la pandemia concedidos por la SEPI.
