El Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe al Gobierno por su registro único de alquileres de corta duración. España fue el primer país de la Unión Europea en cumplir la exigencia de Bruselas de aplicar medidas para controlar el aumento descontrolado de los pisos turísticos y arrendamientos de temporada con la creación del Registro Único de Alquileres. Sin embargo, el alto tribunal considera que el Estado no tiene competencias para dar vida a este censo estatal, gestionado por los Registradores de la Propiedad, y que recoge los alquileres de corta duración. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que este procedimiento impulsado por el Ministerio de Vivienda “se superpone a los registros autonómicos existentes respecto de la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos”.
