El fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, solicitó al juez nacional Marco Rodríguez que dicte la medida de prisión preventiva de más de un año para los 21 procesados por el delito de peculado en el denominado caso Apagón.
La audiencia de formulación de cargos por este caso se reinstaló la mañana de este viernes, 15 de mayo de 2026, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.
En la diligencia, que arrancó este 14 de mayo, el fiscal (s) continuó con la formulación de cargos y con la presentación de los elementos de convicción. Alarcón sostuvo que existen las suficientes pruebas claras, precisas y justificadas para formular cargos en contra de los procesados y presumir su participación en la comisión de peculado por más de $ 104 millones.
Tras individualizar los elementos de convicción de cada investigado, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todos los sospechosos, tras argumentar que existe un alto riesgo de fuga y de no comparecencia ante la justicia en el resto de etapas procesales.
Los procesados en calidad de autores directos y contra quienes se solicitó la prisión preventiva son:
- Antonio Goncalves, exministro de Energía y Minas.
- Fabián Mauricio Calero Freire, exgerente general de Celec EP.
- Marvin Bryan Rubio Zapata, expresidente de la comisión técnica de calificación.
- Daniel Eduardo Suárez Quilimbango, exintegrante de la comisión que recomendó la adjudicación a Progen.
- Julio Eduardo Montesdeoca Escobar, exintegrante de la comisión que recomendó la adjudicación a Progen.
- Celso David Sánchez Chacán, expresidente de la comisión técnica de calificación.
- Nelson Antonio Castro Rodríguez, exdelegado del área requirente.
- Luis Paúl Flores Armas, exintegrante de la segunda comisión técnica que recomendó a Progen.
- Byron Fernando Orozco Moreno, exgerente encargado de Termopichincha.
- Gabriela Alexandra Toazo Caiza, quien elaboró las especificaciones técnicas.
- Juan Carlos Cornejo Segovia, encargado de revisar las especificaciones técnicas.
- Carlos Iván Villacís Moya, quien aprobó las especificaciones técnicas.
- Jorge Santiago Jaramillo, quien suscribió el informe de necesidad.
- Marco Vinicio Poma, exintegrante de la comisión de estudio de mercado.
- Marco Antonio Chicaiza Santos, exmiembro de la comisión de estudio de mercado.
- Romel Patricio Llumiquinga, exmiembro de la comisión de estudio de mercado.
- Javier Lasluiza Navarrete, exintegrante de la comisión de estudio de mercado.
- César Augusto Toledo Zapata, exsubgerente financiero.
- Gonzalo Efraín Guerrón López, exgerente de la Unidad de Negocios Termopichincha.
Procesados en calidad de coautores y contra quienes se solicitó la prisión preventiva y la difusión roja de Interpol para su detención:
- Andrew Scott Williamson, representante de Progen.
- Karla Julieta Saud Calero, representante de Progen.
Además, la Fiscalía pidió al juez Rodríguez que disponga una multa económica y la retención de cuentas de ahorros o inversiones por $ 27.600 para cada uno de los acusados, así como la prohibición de enajenar bienes.
El fiscal Carlos Leonardo Alarcón informó que la instrucción fiscal durará 90 días.
El juez nacional convocó a las partes para la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos para el próximo miércoles, 20 de mayo, para las 08:30, para que las defensas técnicas presenten sus argumentos.
Sobre el caso Apagón
Los hechos investigados en esta causa tienen que ver con que funcionarios públicos relacionados con el sector eléctrico de Ecuador, aprovechándose del déficit energético que atravesaba el Ecuador, abusaron, se “apropiaron, distrajeron, dispusieron arbitrariamente, evadieron y omitieron procedimientos de contratación pública” en la fase precontractual, contractual y de ejecución para favorecer a una contratista que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual.
Los hechos relevantes señalados por la Fiscalía tienen que ver con los contratos emergentes de Salitral y Quevedo para la generación térmica terrestre efectuados por el Estado ecuatoriano. El peculado existente estaría relacionado con la adquisición en 2024 de cincuenta generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen, por la que se habría generado un perjuicio para el Estado ecuatoriano que ascendería a $ 104 millones. (I)
