En España, la rapidez con la que una empresa puede resolver un conflicto comercial depende menos de la ley que del lugar donde esté registrada. Una pyme de Valladolid que reclame un impago puede obtener una sentencia en poco más de un año. En Barcelona, el mismo procedimiento puede eternizarse durante casi tres. Entre ambos escenarios no cambia el marco legal, sino el funcionamiento de la maquinaria judicial. Y esa diferencia es un factor decisivo para la competitividad empresarial, según concluye la edición española del informe Business Ready, publicada esta semana por el Banco Mundial. El documento tiene como objetivo “identificar las diferencias regionales en los entornos regulatorios y promover reformas que fomenten el crecimiento del sector privado”.
El estudio, que compara el clima de negocios en 17 ciudades españolas, retrata un país con una regulación homogénea sobre el papel, pero desigual en su aplicación práctica. La distancia entre ciudades no responde tanto a las normas como a la capacidad operativa de los juzgados. Ahí es donde aparecen las diferencias judiciales. Capitales medianas como Pamplona o Valladolid son capaces de resolver litigios con relativa agilidad, pero los grandes polos económicos, como Madrid o Barcelona, están atrapados en retrasos judiciales que ralentizan la actividad empresarial.
La brecha es difícil de ignorar. Un litigio comercial ordinario tarda de media 410 días en resolverse en Valladolid. En Barcelona, el proceso alcanza los 1.035 días. Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, esa diferencia no es solo estadística, sino que congela su liquidez, acumula costes legales y genera mucha incertidumbre.
El problema no parece estar en la digitalización. El informe insiste en que España ha avanzado en la modernización tecnológica de sus juzgados. La presentación electrónica de escritos, las notificaciones telemáticas o el pago online de tasas son procedimientos que se pueden hacer en todo el territorio. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que la tecnología, por sí sola, no garantiza una justicia más eficiente. La diferencia está en la organización y en la presión que soportan los tribunales.
En ciudades como Madrid y Murcia, los jueces gestionan más de 5.600 y 6.200 casos anuales, respectivamente. En Pamplona, en cambio, cada magistrado asume alrededor de 2.787 asuntos, es decir, menos de la mitad. Esa sobrecarga tiene efecto en los tiempos procesales. En Barcelona, una empresa puede esperar seis meses únicamente para la celebración de la audiencia previa y otros seis para llegar al juicio. En Valladolid, esos plazos se reducen a tres meses y dos meses y medio.
El informe también identifica problemas organizativos concretos. En Murcia, por ejemplo, parte del personal administrativo trabaja en edificios distintos a los de los jueces y sin supervisión directa. El resultado son interrupciones en los procedimientos, que a veces quedan paralizados ante la falta de personal.
La lentitud judicial adquiere una dimensión más crítica en los procesos de insolvencia, donde el tiempo determina el valor de la empresa porque si el procedimiento se eterniza, los activos se deprecian. También aquí el mapa español muestra fuertes diferencias. Valladolid vuelve a situarse entre las ciudades más eficientes, con procedimientos que se resuelven en apenas cuatro meses.
En otras ciudades, como Valencia o Zaragoza, esos mismos procesos se prolongan hasta nueve meses debido a la mayor complejidad financiera de las empresas y a la acumulación de casos. Las diferencias son aún mayores en las liquidaciones. Mientras Palma de Mallorca tarda unos 11 meses en liquidar los activos de una compañía insolvente, en Gijón el proceso puede extenderse hasta 34 meses.
El tamaño de la ciudad no implica un mejor desempeño judicial. De hecho, varias capitales medianas superan a las grandes áreas metropolitanas en eficiencia y calidad percibida. Pamplona encabeza la clasificación en resolución de litigios no solo por rapidez, sino también por confianza empresarial. Las compañías consultadas por el Banco Mundial valoran mejor allí la independencia e imparcialidad de sus tribunales que las de ciudades como Santander o Murcia.
Para reducir estas diferencias, el organismo recomienda ampliar las competencias de los juzgados mercantiles para que asuman todos los litigios entre empresas, siguiendo modelos como el de Viena, donde la especialización ha permitido agilizar los procesos. También plantea potenciar otros medios de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, que a su juicio están poco extendidos en el sistema español.
La transparencia aparece como otro de los grandes déficits. A diferencia de países como Estonia, donde todas las sentencias de primera instancia son públicas, España solo divulga de forma sistemática las resoluciones de tribunales superiores. Según el informe, abrir el acceso a la jurisprudencia mercantil permitiría reforzar la seguridad jurídica y evaluar con mayor precisión el rendimiento de cada juzgado.
Más allá de estas flaquezas en el entorno judicial, el informe destaca que el país ha impulsado en la última década una serie de reformas orientadas al desarrollo empresarial, fomentando la digitalización y la transparencia. Entre las medidas clave mencionan “la constitución de empresas totalmente en línea, la simplificación de los permisos, la mejora de los estándares en materia de energía y agua, la mejora de la conectividad, la digitalización de los juzgados y la implementación de marcos de reestructuración preventiva”.
