Luego de una primera jornada de audiencia de formulación de cargos de casi ocho horas dentro del caso Apagón, el jueves, 14 de mayo último, el fiscal general encargado Carlos Alarcón este martes,15 de mayo, continuará exponiendo los elementos de convicción que mantiene para procesar penalmente a 21 personas por el delito de peculado.
Los hechos investigados en esta causa tienen que ver con que un grupo de funcionarios públicos relacionados con el sector eléctrico de Ecuador, aprovechándose del déficit energético que atravesaba el Ecuador, abusaron, se “apropiaron, distrajeron, dispusieron arbitrariamente, evadieron y omitieron procedimientos de contratación pública” en la fase precontractual, contractual y de ejecución para favorecer a una contratista que no cumplía con las especificaciones técnicas ni con las obligaciones derivadas del objeto contractual.
Los hechos relevantes señalados por la Fiscalía tienen que ver con los contratos emergentes de Salitral y Quevedo, para la generación térmica terrestre efectuados por el Estado ecuatoriano. El peculado existente estaría relacionado a la adquisición en 2024 de 50 generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen y en el que se habría generado un perjuicio por el Estado ecuatoriano que ascendería a $ 104 millones.
En la primera parte de su intervención, el fiscal Carlos Alarcón formuló cargos por el delito de peculado contra 18 personas en calidad de autores, entre quienes está el exministro de Energía Antonio Goncalvez, el exgerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Fabián Calero, y el exgerente de la Unidad de Negocios TermoPichincha, Byron Orozco; mientras que como coautores tres personas, entre ellos los representantes de Progen, Andrew Scott Williamson y Karla Saud Calero.
“(…) Pese a una serie de irregularidades y deficiencias, aprovechándose de la crisis energética por la que atravesaba el estado ecuatoriano, se adjudicó los contratos (…) a Progen Industries LLS, representada por el ciudadano estadounidense Andrew Scott Williamson, empresa que al poco tiempo de la adjudicación incumplió los términos contractuales, entre ellos, los generadores y motores entregados no cumplieron con las especificaciones técnicas siendo los mismos usados, repintados, obsoletos, técnicamente incompatibles, y hasta la presente fecha, por sus características particulares, no se ha podido poner en funcionamiento”, explicó el fiscal Alarcón.
La Fiscalía resaltó que los motores adquiridos con la finalidad de mitigar la crisis energética por la que atravesaba el Ecuador debían entrar en funcionamiento en noviembre del año 2024.
El procesamiento penal se lleva a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante el magistrado Vinicio Rodríguez Mongón, debido al fuero de corte nacional que cobija al exministro Goncálvez y arrastra al resto de sospechosos entre quienes están funcionarios públicos y privados.
En la primera jornada de audiencia cerró con la exposición de los elementos comunes que tendrían relación con los procesados Andew Williamson, Byron Orozco y Gonzalo G.. En cambio, en la jornada de audiencia del caso Apagón de este martes, 15 de mayo, el fiscal Alarcón arrancó con la presentación del fiscal de los elementos comunes que mantiene contra Byron Orozco y Gonzalo G., otro bloque de elementos comunes relacionados a los coprocesados Marco P., Marco Ch., Romel Ll. y César T. y también los elementos comunes existentes contra Fabián Calero y Byron Orozco.
Entre los elementos de convicción que ha presentado para fundamentar la formulación de cargos,el fiscal Alarcón expuso las versiones de los técnicos que viajaron a Estados Unidos en 2024 para revisar los equipos que ahora están se mantienen bajo lonas, sin funcionar, en las centrales Salitral y Quevedo.
Por ejemplo, Alarcón relató a la sala que el hoy procesado Byron Orozco, exgerente encargado de la Unidad de Negocios TermoPichincha, en su versión indicó: “El 26 de septiembre de 2024, una vez que ya nos encontrábamos en Ecuador, uno de los miembros de la comisión, Paul Flores, es amenazado. Le dejan una amenaza escrita en la que textualmente decía: Te ubicamos y a tu familia. Te vamos a matar por los contratos torcidos. Y a los demás. Atentamente, CELEC”.
El fiscal general aseguró que como resultado de estas amenazas el entonces presidente de la Comisión Técnica de Salitral y también procesado en el caso Apagón, Celso Sánchez, no se presentó a trabajar al día siguiente. Sánchez estaría colaborando con la investigación actual y, según su abogado, su cliente alertó sobre las irregularidades de los generadores para que no sean adquiridos.
En su versión Orozco explicó que estos hechos ocurridos impidieron que la Comisión Técnica, de la que él y Sánchez hacían parte, terminaran el informe de la visita realizada en Estados Unidos a las instalaciones de Progen.
Cuando finalice su intervención el fiscal general encargado, en lo que tiene que ver con los elementos de convicción que mantiene contra los 21 procesados, el titular de la Fiscalía deberá solicitar el tiempo por el que se extenderá la etapa de instrucción fiscal y además hará conocer las medidas cautelares que pide para cada uno de los sospechosos, es decir, si solicita prisión preventiva, presentación periódica, uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país, entre otras. (I)
