El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha entrado de lleno en la guerra que mantienen los productores de jamón ibérico con una seria advertencia a la Denominación de Origen Guijuelo, de Salamanca: no podrán utilizar el término ibérico en el etiquetado si se incumple la norma de calidad. El conflicto deriva de la nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Embutidos Guijuelo’ que está actualmente en fase de alegaciones por la comunidad de Castilla y León, hasta el 31 de mayo, y que contempla reducir el mínimo de raza ibérica que deben llevar los productos para ser considerados ibéricos.
El BOE del pasado 31 de marzo publicó la solicitud de registro de Guijuelo para la inscripción de esa nueva figura o sello de calidad de calidad diferenciada que incluye al lomo, el lomito, el chorizo y el salchichón, una decisión que ha reabierto la pugna de los productores por acreditar la pureza racial o el verdadero jamón de bellota. Las otras tres denominaciones de origen del jamón en España, las andaluzas de Jabugo y Los Pedroches y Dehesa de Extremadura, consideran que esta medida rompe las reglas del juego del sector al no incluir la información exigida por la legislación española en materia de etiquetado, y alertan de su impacto por la pérdida de consumidores.
El Ministerio de Agricultura conoció el contenido del pliego de condiciones de la IGP antes de su publicación y trasladó observaciones técnicas. Entre ellas se advirtió de que el pliego no hace mención al cumplimiento de la norma de calidad, “por lo que si el producto final no se ajusta a dicha norma, no podrá utilizar el término ‘ibérico’ en el etiquetado”, indican fuentes ministeriales.
También se señaló la conveniencia de precisar que las hembras no solo deben ser ibéricas, sino estar inscritas en el Libro Genealógico, así como de concretar adecuadamente la denominación de venta de cada producto en el etiquetado.
La publicación de la solicitud de registro de la nueva IPG se realizó mediante resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, que da continuidad al procedimiento. Al tratarse de una IGP de ámbito territorial autonómico, la autoridad competente en la fase nacional es la comunidad autónoma correspondiente, mientras que el papel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en este procedimiento es exclusivamente trasladar el expediente completo a la Comisión Europea.
“La posición del ministerio es de neutralidad institucional dentro del marco competencial que le corresponde. En todo caso, esa neutralidad está condicionada a que no se utilice el término ‘ibérico’ en productos finales que no cumplan con la norma de calidad vigente”, aseguran las fuentes consultadas.
La decisión de Guijuelo de inscribir una nueva IGP llega después de que el pasado septiembre se publicara la modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo que reducía el mínimo de raza ibérica del 75% al 50% para sus jamones. De esta manera, bastará con que el animal sea un 50% de la raza ibérica. Es algo que permite la norma, pero que las denominaciones de origen protegidas habían impedido en sus pliegos de condiciones para apostar por la calidad y la exclusividad.
El 13 de abril el Gobierno español se puso en contacto con la Comisión Europea en relación con la modificación de la DOP Guijuelo. La comunicación incluye, entre otras cosas, una enmienda estándar que introduce un cambio en la especificación del producto al establecer la proporción mínima de raza ibérica (50%). Pero fuentes de la Comisión que este tipo de enmiendas son competencia de los Estados miembros y surten efecto en el país de origen a partir del momento en que se haga pública la decisión nacional correspondiente.
En todo caso, la guerra del ibérico en España también está provocando inquietud entre las autoridades comunitarias, que han mostrado su preocupación por el impacto que puede tener entre los consumidores esta merma en la calidad de los productos comercializados, una práctica que, según las fuentes consultadas, también se está dando en otros países europeos.
De hecho, la cuestión de la preservación de la integridad de las indicaciones geográficas ha sido objeto de recientes intercambios entre la Comisión y todos los estados miembros. Los debates se han centrado en la evolución de las prácticas que pueden afectar al vínculo entre los productos y su origen geográfico, así como en la necesidad de mantener vigilancia sobre la aplicación del marco de indicaciones geográficas existente para mantener sus garantías.
