Con cinco votos afirmativos, Mercedes Caicedo Aldaz se convirtió en la séptima presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ) para lo que resta del periodo 2025-2031. Como consejero suplente se designó a Ramón Echaiz Lavayén.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sesionó este 24 de abril de 2026 para designar al titular de la Judicatura, de la fuente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tras la ausencia definitiva de Mario Godoy, censurado y destituido por la Asamblea Nacional el 18 de febrero; y de Alexandra Villacís, exvocal suplente, inhabilitada para ocupar el cargo al aparecerle una inhabilidad en el sistema del Ministerio del Trabajo.
En la sesión, que se realizó en la sede del Consejo de Participación Ciudadana en Quito, los votos afirmativos fueron de: Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert, Johanna Verdezoto y David Rosero.
En contra votaron la consejera Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán.
La resolución de designación se la notificará a la Asamblea Nacional para que proceda con la posesión de las nuevas autoridades y que empiecen sus funciones.
Con esto, el CPCCS cierra este proceso y de forma paralela, termina el encargo que asumió Damián Larco, consejero delegado de la Función Ejecutiva y que se mantuvo por los últimos 65 días.
Caicedo es jueza nacional encargada de la Corte Nacional de Justicia y Ramón Echaiz venía desenvolviéndose en el libre ejercicio del derecho.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y, sus atribuciones constitucionales contemplan definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
Aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial; dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción; además, administran la carrera y la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial.
Lo integran delegados enviados por las funciones Ejecutiva, Legislativa, de la Fiscalía General, de la Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante electo asume la presidencia automáticamente. (I)
