Aclarando que sus declaraciones se dan luego de que se habría afectado la honorabilidad de la Superintendencia de Compañías, al hablar de un presunto intento de robo de acciones, su titular Luis Cabezas-Klaere, defendió la legalidad de los dos procesos administrativos contra la empresa Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), editora de los diarios Expreso y Extra, y negó que exista un intento de control estatal sobre el 40 % de sus acciones ni que tengan algún fin político.
El primero derivó en una intervención a la empresa por la negativa a entregar información solicitada por un accionista, en este caso Inmobiliar. El segundo está relacionado con la liquidación de la empresa Veranera S.A., debido a la falta de presentación de informes y a cuestionamientos sobre la trazabilidad del traspaso de acciones.
Las declaraciones del funcionario se dieron este lunes, 20 de abril, en el programa Contacto directo, de Ecuavisa, espacio en el que también intervino días antes el representante legal de la compañía, el abogado Eduardo Carmigniani.
Superintendencia de Compañías interviene a Granasa S. A., editora de los diarios Expreso y Extra
En el caso de la intervención, ejecutada el pasado 18 de febrero, Cabezas explicó que se fundamenta en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías, que permite actuar cuando se detectan incumplimientos legales. Según indicó, la medida se originó por la negativa de la empresa a entregar información solicitada por un accionista minoritario.
El paquete accionario que permite pedir cuentas a Inmobiliar pertenecía a los hermanos Isaías, cuyos bienes fueron incautados por el Estado. Posteriormente, cuando recuperaron sus propiedades, vendieron esas acciones a Carlos Martínez Bruno, actual director de Expreso.
Sin embargo, el 23 de enero de 2026, por orden de un juez luego de un fallo de la Corte Constitucional, ese 2,56 % regresó a manos del Estado, a través de Inmobiliar, que el 27 de enero pasado solicitó información que no le ha sido entregada por la empresa, la cual alega que es “sensible”.
Cabezas rechazó que se trate de información sensible o estratégica, al asegurar que gran parte de los datos requeridos son de acceso público o pueden obtenerse en instituciones estatales.
En la misma línea, recalcó que cualquier accionista, independientemente de su porcentaje de participación, tiene derecho a solicitar información, y que corresponde al organismo de control determinar si la negativa de la empresa está justificada.
En cuanto al segundo proceso: la liquidación de Veranera S. A., el representante legal de Granasa ha explicado que estas acciones han pertenecido históricamente a Íngrid Martínez, primero a título personal y luego, desde 2014, a través de la firma en cuestión.
En febrero de 2020, la accionista decidió revertir esa operación y retomar la titularidad directa, al tiempo que inició la liquidación voluntaria de la compañía.
Carmigniani defendió la legitimidad de la operación, indicando que fue inscrita en el libro de accionistas y que Íngrid Martinez estaba facultada para transferir sus acciones, cumpliendo la normativa.
Según el superintendente, el inicio del proceso de reversión del paquete accionario responde a la falta de “trazabilidad” en la operación y a irregularidades en la liquidación. Para este proceso se designó a Carlos Xavier Cadena a como liquidador ante la falta de información.
“La razón por la que se ordena la reversión es porque no se ha encontrado la trazabilidad. No se entregó la información por parte de la liquidadora, que tenía más de cinco años sin presentar informes”, explicó.
Carmigniani asegura que “con el pretexto de que la liquidación no había concluido, la Superintendencia nombró un liquidador a través del cual intentan controlar esas acciones. Eso es absolutamente impensable”, sostuvo.
Por su parte, Cabezas dice que, dentro de sus facultades de control, la Superintendencia puede revisar los libros de acciones y accionistas y ordenar correcciones cuando detecta incumplimientos.
También el superintendente descartó que exista apropiación de acciones, al señalar que, incluso si se concreta la reversión, la accionista mantendría sus acciones.
“Decir que hay un intento de robo (de las acciones de la empresa) es inadmisible”, sostuvo Cabezas Klaere, en respuesta a los señalamientos de Carmigniani.
Asimismo, el superintendente añadió que las acciones concluirán cuando se cumplan dos condiciones: la entrega de información a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que posee el 2,56 % de las acciones, y la inscripción del 40 % del paquete accionario a nombre de la empresa Veranera S. A.
“Estamos pidiendo algo sencillo, que se entregue información por una parte y por otra, que se siga un proceso de liquidación. No es nada complicado. Está la solución en manos de Granasa y de la señora Íngrid Martínez, que deje que se haga el proceso de liquidación en cumplimiento de las normas legales”, indicó.
Cabezas respondió también a las críticas sobre que las acciones en marcha han generado una posible afectación a la línea editorial de los medios y fue enfático en negarlo.
“La Superintendencia busca que se cumpla con la Ley. No podemos dejar de controlar a una compañía por ser un medio de comunicación”, dijo, y añadió que las publicaciones críticas de Expreso contra la misma entidad que preside son constantes, lo que –a su criterio– demuestra que no existe restricción a la libertad de expresión.
“No se ha coartado la libertad de expresión; Expreso periódicamente ataca a la Superintendencia de Compañías, no le hemos coartado la libertad de expresión”, puntualizó y añadió ante cuestionamientos de organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que les “falta recibir los argumentos de la Superintedencia” e instó a que la soliciten a Granasa la resolución de intervención para que se pueda constatar que se ha actuado en derecho.
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