Faltaba aún una hora para que se pudiera instalar la mañana de este viernes, 5 de junio, el primer llamado a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso que se investiga: el asesinato, al estilo sicariato, del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y en la parte interna y externa de la sala 405 del Complejo Judicial Norte, en Quito, ya era evidente la presencia de un gran número de agentes policiales de diferentes unidades.
Entre los asesores se preguntaban el porqué de tanta seguridad. La respuesta que se regaba era inmediata: hay una audiencia contra quienes mataron a Villavicencio, el presidenciable para las elecciones anticipadas de 2023, decían.
En efecto, el juez penal de Pichincha Geovanny Freire había convocado para las 09:00 de este viernes a una audiencia en la que se dilucidará si son o no llamadas a juicio las siete personas que son acusadas de haber intervenido como autores intelectuales en el crimen de Villavicencio. El 3 de septiembre de 2025 arrancó la etapa de instrucción fiscal de un caso al que la Fiscalía bautizó como Magnicidio FV.
En esta causa son procesados penalmente por el delito de asesinato el exministro del correísmo José Serrano, el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga, el condenado por actos de corrupción ocurridos en los sectores de la salud y la justicia Daniel Salcedo y tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos.
A todos se les acusa de ser parte de una estructura criminal que mantiene actividades como el control, la planificación y la coordinación y los acercamientos. Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, líder máximo de Los Lobos; Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, completan la lista de siete sospechosos.
En los pasillos aumentaron los susurros cuando desde uno de los ascensores bajaron Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del político asesinado, así como también familiares y otros colaboradores. Junto a ellas, y muy de cerca, caminaban uniformados que integran la cápsula de seguridad de quienes hacen parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, manejado por la Fiscalía, y detrás, otros agentes policiales vestidos de color negro, con pasamontañas, portando chalecos antibala y armas largas.
Las amenazas a las hijas de Fernando Villavicencio habrían aumentado en las horas previas a esta diligencia, a tal punto de llegarles mensajes afirmando que su vida, la de otros familiares y colaboradores están en riesgo si siguen hablando.
“No hemos podido hablar afuera (rueda de prensa) porque hemos recibido amenazas contra nuestra vida el día de ayer (jueves) que solamente elevan más aún el riesgo que estamos corriendo ahora”, explicó Amanda Villavicencio.
Su otra hermana, Tamia, reconocía que tienen miedo, pero recordaba que su padre les enseñó que “parte de la valentía es hacer las cosas con miedo”. “Cómo no vamos a tener miedo si estamos desenmascarando y sacando, incluso, a más personas del anonimato que parecía que no tenían un rol en esta estructura, pero ahora los estamos desenmascarando. Sí, tenemos miedo, pero también somos valientes y aquí estamos para que hoy brille la justicia”.
Tamia y Amanda han hablado en estos últimos días de la existencia en el expediente de Magnicidio FV de un informe policial al que lo califican como “una joya”, como un documento que permitiría empezar a llamar a los criminales de este país por su nombre. “Creo que ese informe trae realmente verdad y responsabilidad a este país”, anotó.
Poco después del ingreso de las hermanas Villavicencio al cuarto piso del Complejo Judicial llegó la fiscal del caso Magnicidio, Ana Hidalgo Guayaquil. La funcionaria de la Fiscalía arribó en similares condiciones que Amanda y Tamia: rodeada muy de cerca por agentes policiales de la Dirección de Protección de Funcionarios. En la puerta de la sala de audiencias la fiscal fue recibida por otro grupo de policías que vigilaban el ingreso de abogados, familiares y otros.
Casi de inmediato se llenó la pequeña sala dispuesta para este caso de connotación nacional. La prensa no tuvo acceso y por seguridad, ya una vez que el juez Freire ingresó a la audiencia, las puertas del lugar se cerraron, dejando a varios uniformados en la puerta principal, otros a los costados y algunos más que iban y venían con armas de largo alcance en las manos.
Ya en lo medular, la diligencia se instaló a las 09:45 y 25 minutos después se anunciaba su suspensión. Los abogados de José Serrano y Luis Arboleda informaban al juez que había alguna información solicitada a través de Fiscalía y que aún no ingresaba en el expediente. Bajo esas condiciones no se podía dar la diligencia, pues la información requerida, entre la que estaban varias asistencias penales internacionales pedidas a Estados Unidos, Colombia y España, contenía elementos importantes para la defensa de sus clientes.
Veinticinco minutos después de Freire haber dicho que instalaba la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la diligencia fue suspendida. Se argumentó que para evitar nulidades y dar la oportunidad a los procesados a que ejerzan una correcta defensa, se daba hasta el 18 de junio próximo para que se ingrese el material solicitado al expediente fiscal. Aún no existe una fecha y hora exacta en la que se retomará la audiencia.
La fiscal y su equipo de seguridad, así como Amanda y Tamia Villavicencio con su cápsula de seguridad, se retiraron del lugar por una zona segura del Complejo Judicial Norte. Los demás abogados dejaron el sitio por el ascensor público y por la puerta principal. Solo a Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, se le observó con un agente de seguridad.
Afuera del Complejo, Edwin Romero, abogado de la madre y varios hermanos de Fernando Villavicencio, criticó la actitud de los abogados que, pese a que conocían hace meses que hoy se iba a dar la diligencia, esperaron al último momento para comunicar al juez que no han llegado tres documentos relacionados con asistencias penales internacionales y piden que no se realice la audiencia.
Él cree que eso debió haberse advertido hace días para evitar que se mueva todo el andamiaje de la Judicatura, de la Policía Nacional e incluso de las víctimas. “Hasta el día de hoy quisieron atentar contra la integridad de la madre de Fernando Villavicencio y de una de sus hijas. Se tendrán que entregar los partes informativos de la seguridad. (…) Es importante que la Policía ponga énfasis en los requerimientos que está haciendo la madre de Fernando Villavicencio. Todos los días hay persecuciones que se realizan con motocicletas. ¿Qué necesitamos? ¿Otra persona fallecida para que exista otro proceso penal y poder reclamar justicia? Tenemos que actuar de manera diligente”, dijo Romero.
Poco antes de las 11:00, la circulación en la esquina de las calles Jorge Drom y Juan José de Villalengua era restringida por policías en moto. Varios uniformados a pie se colocaron estratégicamente en cada esquina de la intersección, algunos con armas en la mano, mientras otros en motocicletas y autos esperaban la salida de una camioneta en la que estaban Amanda y Tamia Villavicencio.
En minutos la caravana de seguridad dejó los exteriores del Complejo Judicial Norte en medio de sirenas y motocicletas que abrían el paso. (I)
