La Comisión Europea ha advertido a España de que reducir al 10% el IVA de los combustibles fósiles, como ha hecho recientemente el Gobierno para aliviar a los hogares ante el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Próximo, vulnera las normas europeas. Así se lo comunicó en una carta enviada al Ejecutivo de Pedro Sánchez a finales de marzo, según explican fuentes del propio Ejecutivo de la UE a EL PAÍS. “Es importante señalar que la directiva de la UE sobre el IVA no prevé la posibilidad de aplicar un tipo reducido en los suministros de combustible”, explican en la Comisión. También Polonia, otro país que ha optado por la misma vía que España, ha recibido una carta similar.
La rebaja del IVA para los carburantes constituye una de las principales medidas fiscales del decreto anticrisis que adoptó el Gobierno el pasado 20 de marzo. El Ministerio de Hacienda, que desde hace algo más de una semana dirige Arcadi España, confirma que ha recibido la misiva y defiende el alivio fiscal adoptado con el argumento de que el descuento en el IVA no constituye una medida estructural, sino coyuntural y temporal. Por eso, pese al toque de atención de la Comisión, Hacienda no tiene previsto revertir la medida, que estará vigente al menos hasta el 30 de junio, el horizonte inicial que se marcó el Ejecutivo cuando diseñó el decreto de ayudas. A partir de entonces, si la situación económica derivada de la guerra en Irán lo requiere, el Gobierno valorará la posibilidad de prorrogar las rebajas. Llegado el caso, en Hacienda tendrán que decidir si mantienen la fórmula o si la cambian para ajustarse a los requerimientos de Bruselas.
El Gobierno español, entre otros cambios fiscales, rebajó el IVA de los combustibles al 10% en el paquete de medidas para aliviar el impacto en los precios de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Próximo. “Comprendemos y compartimos plenamente la necesidad de apoyar a los ciudadanos en estos tiempos difíciles”, destacan fuentes de la Comisión incluso antes de señalar que reducir el impuesto sobre el valor añadido no es algo contemplado en las normas fiscales europeas. “No obstante, los Estados miembros sí pueden reducir los impuestos especiales sobre el combustible”, plantea como alternativa el departamento que dirige el comisario holandés Wopke Hoekstra.
El problema es que la opción que plantea Bruselas, actuar sobre ese otro impuesto que grava los combustibles, también se ha aprobado ya en España. Hacienda, dentro de su batería de medidas, promovió una reducción hasta el mínimo permitido por la UE del tipo impositivo del impuesto sobre hidrocarburos en los productos más consumidos, como el gasóleo y la gasolina sin plomo. El descuento se extendió al fuelóleo, el gas licuado, el gas natural y el queroseno, con un impacto estimado de 656,5 millones de euros. Es decir, bajo el paraguas de los gravámenes especiales, el Gobierno tiene poco margen para seguir abaratando los carburantes.
Por su parte, la rebaja del IVA a los combustibles que la Comisión pone en entredicho tendrá un impacto recaudatorio de unos 507 millones hasta el 30 de junio. En total, el coste fiscal de todo el plan superará los 5.000 millones.
Aunque Bruselas señale que sí hay un camino respetuoso con las directivas tributarias de la UE para aplicar rebajas impositivas a los combustible fósiles, de las declaraciones de sus máximos responsables e, incluso, de las recomendaciones esbozadas desde el Ejecutivo europeo, se desprende claramente que esta solución no es de su agrado. Tanto el comisario de Energía, Dan Jorgensen, como la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han aconsejado a los Estados miembros, de palabra y por escrito, que “no tomen medidas que puedan aumentar el consumo” y que se incentive el ahorro de combustibles fósiles. España, en cambio, ha optado por una rebaja generalizada sobre el IVA que se aplica a los hidrocarburos.
La Comisión ve con mejores ojos las medidas fiscales que, a pesar de ser una respuesta a la complicada situación actual, tengan una orientación estratégica a largo plazo y persigan impulsar la electrificación del consumo energético. Ahí encajan las reducciones en los impuestos que se pagan por la generación eléctrica o su transporte a través de las redes. “Los impuestos energéticos, en muchos Estados miembros, pueden ser más racionales”, explicaba Jorgensen en marzo. “Es una de las cosas que podemos hacer a corto plazo”, recomendaba.
Sin embargo, este camino también tiene un límite, al menos por el momento. Las últimas crisis sistémicas que ha sufrido la UE (la financiera, la pandemia y la desatada tras la invasión de Ucrania por Rusia) se capearon a base de gasto público. Esto ha elevado los volúmenes de deuda y estrechado la capacidad de respuesta de los presupuestos de los Estados miembros. “Nuestro espacio de maniobra es más limitado que antes por las crisis anteriores y la necesidad de aumentar el gasto en defensa”, señaló el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en su última reunión con los ministros de Finanzas de la UE, celebrada el pasado 27 de marzo.
En coherencia con esta posición, por ahora, la Comisión está ignorando la reclamación de Italia para que suspenda las reglas fiscales, lo que permitiría echar mano del gasto público (o de las rebajas fiscales) sin temor a que el déficit excesivo acabe en sanciones de la Unión. Las normas actuales, revisadas hace apenas dos años, contemplan esa opción si llega “una grave recesión económica en la zona euro o en toda la UE”, ha precisado un portavoz del Ejecutivo de la UE este martes. “No estamos en esa situación ahora”, ha zanjado.
Que la situación no sea todavía como la de 2022, cuando la invasión de Ucrania provocó un grave riesgo de desabastecimiento de gas natural y disparó las cotizaciones de esta materia prima a niveles todavía muy lejanos pese a la guerra en Irán, ayuda a explicar la frialdad con la que se ha recibido en Bruselas la carta que el sábado enviaron los ministros de Economía de España, Italia, Alemania, Portugal y Austria. Estos países reclamaban un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que obtienen las energéticas por los aumentos de cotizaciones y precios de los combustibles.
Los portavoces oficiales en la capital comunitaria confirman que la misiva ha llegado: “La estamos evaluando y responderemos a su debido tiempo”. A continuación, repiten que la situación no es igual a la de hace cuatro años −entonces sí que se aplicó temporalmente en España−, aunque admiten que hay que tener en cuentas “las lecciones aprendidas entonces incluyendo la contribución solidaria temporal”. En Bruselas pesa también el siguiente análisis: este tipo de incrementos impositivos no garantizan —según su visión— recursos inmediatos en las arcas públicas para financiar las medidas de respuesta a la crisis.
