España logró cumplir con sus compromisos presupuestarios en 2025, pese a que no todas las Administraciones públicas mejoraron su saldo. Las comunidades autónomas han sido el subsector donde el desfase entre ingresos y gastos más aumentó el año pasado, llegando a multiplicarse casi por dos: pasó de suponer un 0,2% del PIB en 2024 a engordar hasta el 0,39%. O, lo que es lo mismo, de ampliar sus números rojos de los 3.235 millones a los 6.650. Todo ello en un contexto enrarecido en materia de estabilidad presupuestaria, pues en los últimos años el Congreso ha tumbado en repetidas ocasiones la senda fiscal del Gobierno en la que se establecen los objetivos de déficit y deuda que tienen que respetar las comunidades cada ejercicio.
La instantánea se mitiga algo si se excluye el gasto asociado a la dana, considerado extraordinario a todos los efectos —Bruselas no lo computa a la hora de evaluar la apertura de un procedimiento por déficit excesivo— y concentrado en su mayoría en la Comunidad Valenciana. Restada esta partida, que supuso una factura de casi 1.600 millones el año pasado, el agujero en las cuentas regionales se quedaría en un 0,3% del PIB, según los datos de cierre anual de la ejecución presupuestaria que el Ministerio de Hacienda publica y envía a la Comisión Europea cada finales de marzo.
Aun así, hasta nueve territorios acabaron el ejercicio en números rojos, tres más que el año previo. La Comunidad Valenciana registró el desfase más abultado, de casi 4.000 millones (un 2,5% de su PIB), que se reducirían a unos 2.400 (1,5%) si se excluyen los desembolsos destinados a la reconstrucción tras las inundaciones. Murcia le sigue de cerca, con un saldo negativo del 1,56%, equivalente a 702 millones.
No es una sorpresa que estos dos territorios acumulen los mayores desequilibrios. Además de la tragedia humana y económica que supuso la dana en 2024, son las comunidades peor tratadas por el actual sistema de financiación —Hacienda ha propuesto reformarlo y dotar con más fondos a los territorios, pero el cambio no ha empezado a tramitarse en el Congreso—, del que reciben menos recursos por habitante que la media.
En ratio sobre el PIB, Cataluña y La Rioja registraron el tercer saldo negativo más marcado, equivalente a un 0,5% de sus economías. Aragón, que en 2024 había cerrado el ejercicio en superávit —sus ingresos superaron sus gastos—, también presentó unos números rojos del 0,4% del PIB el año pasado. El déficit tanto de la Comunidad de Madrid como de Castilla y León rondó el 0,3%; mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura presentaron sendos desajustes del 0,14% y del 0,13%, respectivamente, frente al saldo positivo del año previo.
Los demás territorios terminaron el ejercicio en positivo —al igual que en 2024—, pero todos sufrieron un deterioro en su superávit. La única excepción es Navarra, que mejoró su margen, un resultado que hay que contextualizar por el distinto régimen de financiación del que goza junto con el País Vasco. En estos dos territorios se aplica el régimen foral, que según los expertos brinda más recursos por habitante de lo que proporciona el régimen común que rige en las demás comunidades.
Según los datos de Hacienda, los desembolsos de las comunidades autónomas crecieron en 2025 por encima de sus recursos, un 6,4% frente a un 5,1%. Y esta es una de las razones que explican que el cierre presupuestario haya sido peor comparado con el ejercicio previo. Pero no es la única causa, ni la más relevante. El ministerio, cuyas riendas acaba de asumir Arcadi España en sustitución de María Jesús Montero, también destaca la menor liquidación del sistema de financiación.
El modelo actual prevé que las comunidades reciban por adelantado los recursos del sistema de financiación, que se calculan según las estimaciones de crecimiento económico. Pasados dos años, se realiza un ajuste de cuentas. Si los pronósticos han sido mejores de lo esperado, los territorios serán compensados por el Estado; de lo contrario, la liquidación será negativa y deberán devolver lo ingresado de más.
La liquidación recibida el año pasado fue positiva —fruto del sólido crecimiento económico que está viviendo España—, pero menos generosa que la del año precedente, que fue de una magnitud extraordinaria. “La liquidación definitiva de 2023, practicada en 2025, ha tenido un resultado neto a favor de la Administración regional de 11.731 millones, inferior en 9.009 millones al resultado a favor que tuvo la liquidación definitiva de 2022, efectuada en 2024, con 20.740 millones”, detalla el ministerio.
Salvo cambios de guion —e interpretaciones legales—, Hacienda exigirá este año a las comunidades equilibrio presupuestario. Así lo anunció el pasado otoño el departamento que entonces dirigía Montero, al advertir a los Gobiernos autonómicos que ese sería el objetivo si no prosperaba la senda fiscal que había diseñado, y que contemplaba un déficit del 0,1% para la Administración regional. El Congreso, como estaba previsto, rechazó la propuesta, un trámite previo imprescindible para elaborar unos Presupuestos que encadenan ya tres años prorrogados por falta de apoyos políticos.
Superávit primario
Pese a que las comunidades empeoraron su saldo, el déficit del conjunto de las Administraciones se situó por debajo del objetivo pactado con Bruselas: cerró en el 2,2% del PIB —2,4% si se incluye el gasto de la dana—, la ratio más baja desde la crisis financiera y tres décimas menos de lo comprometido para el ejercicio, un resultado logrado gracias al buen comportamiento de la economía y la fuerte corrección del saldo registrada por la Administración central. Pero este no es el único hito logrado: el año pasado, España también consiguió, por primera vez en casi dos décadas, superávit primario, es decir que ingresó más de lo que gastó una vez descontado el gasto por intereses.
Este término, más allá de sonar a árido tecnicismo, es fundamental de cara a la sostenibilidad de las finanzas públicas: indica que la ratio de deuda pública baja por sí sola si el crecimiento nominal de la economía supera el gasto por intereses. “El superávit primario es uno de los motores más sanos para la reducción de la deuda pública”, corrobora Diego Martínez López, catedrático en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador en el centro de estudios Fedea. Y es también un dato que encaja con el espíritu de las nuevas reglas fiscales europeas, que alejan el foco del déficit público —“es una variable más instrumental que antes”, subraya el economista— y lo ponen en el crecimiento del gasto público, con el objetivo de que la deuda siga una trayectoria descendente y sostenible en el tiempo.
