La Corte Constitucional (CC) reaccionó a la información publicada por este medio en la cual se señala que la Contraloría General del Estado detectó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales juramentadas de dos jueces constitucionales Alí Lozada Prado y José Luis Terán, y sostuvo que toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones.
A través de un comunicado, emitido la tarde de este miércoles, 1 de abril de 2026, el organismo de control constitucional resaltó que “las juezas y jueces han atendido todos los requerimientos dentro de los canales institucionales, sin que corresponda a la Corte anticipar criterios sobre procesos en curso”.
A la vez, en su pronunciamiento, la CC expresó su preocupación por un “entorno de presiones institucionales sostenidas desde el 2025, que podría afectar la autonomía judicial”.
“Por ello, reitera que la independencia judicial es una garantía esencial del sistema democrático y exige que las actuaciones de control se conduzcan con el más alto rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales”, dicta la misiva.
De acuerdo con informes a los que este Diario tuvo acceso, la Contraloría concluyó que Lozada, quien fue presidente de la CC, no ha justificado más de $ 25.000 en entidades financieras nacionales y del exterior.
En el caso de Terán, se observó que no pudo justificar documentadamente el origen de más de $ 70.000, una parte encontrada en algunas de sus cuentas bancarias, y otra usada para pagar una deuda bancaria y de tarjetas de crédito.
La Contraloría derivó los informes de sus exámenes a la Fiscalía para que investigue. (I)
