Funcionarios del Gobierno nacional profundizaron la propuesta de reforma legal para incentivar la construcción y donación de viviendas de interés social como parte de una estrategia para reducir el déficit habitacional, que supera las 700.000 unidades en el país.
Los detalles de la propuesta fueron presentados por las autoridades la tarde del 12 de marzo ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, dentro del tratamiento del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social, calificado como urgente en materia económica.
Dentro del tratamiento del proyecto, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte; Sebastián Londoño, viceministro de Economía y Finanzas; y Luis Veintimilla, delegado del Servicio de Rentas Internas (SRI), quienes expusieron los principales alcances de la iniciativa.
Durante la sesión, Luque explicó que el 2026 fue declarado por el presidente Daniel Noboa como el “año de la construcción”, una iniciativa que busca dinamizar la economía mediante obra pública y mayores incentivos para que el sector privado invierta en el sector.
En ese marco, el funcionario señaló que se busca fortalecer los programas de vivienda social, especialmente el plan Casa 100, dirigido a familias de muy bajos ingresos. La reforma plantea crear beneficios tributarios para que empresas privadas puedan donar viviendas que luego serán entregadas a hogares vulnerables.
La propuesta incluye la creación de un catálogo de necesidades habitacionales y el uso del Registro Social y herramientas tecnológicas para identificar a los beneficiarios. Entre los grupos priorizados estarían familias en situación de pobreza, mujeres jefas de hogar y personas que poseen terrenos pero habitan en viviendas en condiciones precarias.
El viceministro de Economía y Finanzas, Sebastián Londoño, explicó que el proyecto busca articular al sector público y privado para ampliar el acceso a vivienda digna. Para ello se plantea permitir que las empresas deduzcan hasta el 100 % del valor de las donaciones destinadas a vivienda de interés social, con un límite del 30 % del impuesto a la renta causado.
El incentivo sería temporal y se aplicaría entre 2026 y 2029, con una evaluación a los cuatro años. Según Londoño, la medida apunta a movilizar inversión privada y a impulsar al sector de la construcción, que genera más de 560.000 empleos directos e indirectos.
Por su parte, Luis Veintimilla, delegado del Servicio de Rentas Internas (SRI), indicó que la iniciativa se sustenta en el derecho constitucional a una vivienda digna y en el rol de la política tributaria para promover bienes y servicios que aporten al bienestar social.
El funcionario detalló que las viviendas donadas se entregarían al Ministerio de Vivienda, que posteriormente las adjudicaría a los beneficiarios, siempre que cumplan con los parámetros técnicos y de construcción establecidos en la normativa.
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