El transporte profesional aspira a un paquete de ayudas públicas ante la vertiginosa subida de precios del combustible, motivada por la guerra en Irán, en términos parecidos al que el Gobierno puso en pie en marzo de 2022 por el impacto de la invasión rusa de Ucrania. Representantes del sector, liderados por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), han mantenido este miércoles por la tarde una reunión de urgencia con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el secretario de Estado de Transpores, José Antonio Santano. En la misma, los conductores profesionales han reclamado “líneas muy similares a las que se tomaron en su momento con el estallido de la guerra de Ucrania”, confirman fuentes del ministerio.
Puente y su equipo más directo de colaboradores han tomado nota de la problemática de los transportistas, que tienen en el combustible un tercio de sus costes operativos. Una fuente del entorno del ministro afirma que el Gobierno “estará en esta crisis de la mano del sector para abordar con unidad la situación y explorar posibles soluciones”. Falta por concretar cuáles serán las ayudas y su calado económico, para lo que el Ministerio de Hacienda llevará la voz cantante.
Entre marzo de 2022 y final de 2023, con la inflación desbocada, destacó el descuento de 20 céntimos por litro en el gasóleo como una de las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, dotado con 16.000 millones de euros. De esa cifra, 1.000 millones fueron a parar al transporte por carretera a través de la referida bonificación al gasóleo, gasolina, gas y AdBlue (un complemento para vehículos diésel) y para todos los usuarios, incluidos los particulares. Ya en 2023, la ayuda se mantuvo exclusivamente para el transporte profesional, con la devolución de 20 céntimos por litro en el primer trimestre, 10 céntimos en el segundo y la rebaja progresiva de la bonificación hasta concluir el ejercicio.
El sector del transporte profesional de mercancías y viajeros también accedió a líneas de ayudas estatales por un total de 900 millones, con 1.250 euros por vehículo pesado, 500 euros por vehículo ligero, 950 euros por autobús y 300 euros para taxis y VTC. Por último, gracias a la Ley de la Cadena del Transporte, quedó prohibida la contratación de servicios de transporte por debajo de costes, y se comenzó a devolver el impuesto sobre hidrocarburos por meses y no por trimestres. Esta última medida sirvió como inyección de liquidez.
Ante la escalada del precio de los combustibles, asociaciones como Astic, CETM, UNO, Confebus o la propia CNTC habían demandado diálogo al Gobierno en busca de medidas para paliar el peso de un coste esencial en la actividad y que debe ser repercutido, por ley, en la factura de los servicios. Especializadas en la gestión de carga internacional, las empresas de Astic estiman en 4.000 litros de combustible al mes el consumo medio de cualquiera de sus camiones.
La vía de diálogo ha sido abierta por el Ministerio de Transportes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara la semana pasada en una comparecencia pública que se apoyaría a los sectores económicos, así como a los particulares, si se daban efectos adversos tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán. También se manifestó en ese sentido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista concedida a TVE: “Si acaba viéndose un efecto negativo sobre nuestra economía, estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en 2022”, aseguró.
