Cristina Herrero (Madrid, 59 años) finalizará este martes su mandato como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), una institución impulsada por la Unión Europea que inició su actividad casi in sordina, en plena crisis de la deuda. Una década larga después, se ha consolidado como un actor respetado por sus trabajos de supervisión y evaluación de las cuentas públicas, con una voz cada vez más relevante que ha llegado a provocar reticencias en el Gobierno y los actores sociales. “La Airef es molesta porque cualquier supervisor fiscal lo es en algunas ocasiones”, reconoce durante una entrevista en la sede del organismo en Madrid.
Licenciada en Ciencias Económicas, inspectora de Hacienda e interventora y auditora del Estado, Herrero siempre ha antepuesto la labor del organismo a su opinión y hasta ahora había rehuido conceder entrevistas. Pero considera que es el momento de hacer un balance de sus seis años al frente de la institución. Para ello, se remonta al plan que detalló en la Comisión de Hacienda del Congreso cuando asumió el cargo, en el cual se comprometía a extender la supervisión fiscal al medio y largo plazo y a consolidar la evaluación como una función permanente de la entidad. “El balance es positivo, sin duda. Pero quedan muchas cosas por hacer”.
Una de ellas es el blindaje de la función evaluadora de la Airef, que se consolidó por compromisos europeos sin estar del todo respaldada por ley orgánica. “Eso nos coloca en una situación de indefensión”, asegura. Una preocupación que cristaliza el reciente conflicto con el Ejecutivo a cuenta de las pensiones. “No creo que el Gobierno haya deliberadamente intentado socavar la independencia de la Airef”, afirma en referencia al encargo del Gobierno de elaborar, dos años antes de lo que tocaría, un nuevo informe sobre la sostenibilidad del sistema por la vía de un decreto.
La Airef ya había realizado el año pasado la evaluación que exige la ley, una salvaguarda que impuso Bruselas tras la reforma de las pensiones en 2023 —vinculada al plan de recuperación—, en la que concluyó que el sistema era viable, aunque alertó sobre su empeoramiento. Ahora, la Comisión ha pedido un nuevo diagnóstico porque desconfía de que las cuentas vayan a cuadrar, y el Ejecutivo ha trasladado la presión a la Autoridad Fiscal. El organismo, sin embargo, cuestiona tanto su idoneidad como la forma en la que se ha solicitado —un decreto—, y de momento mantiene paralizado el informe a la espera de un acuerdo de Consejo de Ministros, que es la vía habitual para formalizar el encargo de un estudio.
Herrero recuerda que la Airef solo puede realizar los informes contemplados en su propia ley orgánica, y que los estudios los elabora con la metodología y alcance que decida en el ejercicio de su autonomía. “Las formas son muy importantes, y la Airef entiende que un decreto supone una instrucción del Gobierno. Ese decreto nos dice qué tenemos que hacer, cómo, con qué metodología y en qué plazo. No sé si la autonomía funcional y la imposibilidad de recibir instrucciones del gobierno encajan muy bien con un decreto que nos ordena qué tenemos que hacer”, abunda. “Entonces, ¿hubo intencionalidad de socavar la independencia de la Airef? No lo creo. ¿A efectos prácticos, socava la independencia de Airef? Sí“, zanja.
Rechaza, sin embargo, la idea de un choque permanente con el Ejecutivo, aunque ha habido otros ámbitos, en particular el presupuestario, en los que la posición de la institución ha sido contundente. En repetidas ocasiones, ha manifestado que el Gobierno no ha producido información suficiente para que la Airef pueda llevar a cabo su trabajo de supervisión. La queja abarca varios ámbitos: la vaguedad del plan fiscal estructural —el documento que ahora exige Bruselas en el marco de las nuevas reglas fiscales—, la complejidad para fiscalizar el gasto en defensa y el despliegue de los fondos europeos, la falta de presentación del plan presupuestario. Todo ello vinculado a que las cuentas llevan prorrogadas desde 2023 y el Gobierno ni siquiera ha presentado un nuevo proyecto de Presupuestos ante el Congreso.
“La falta de información en el ámbito presupuestario tiene incidencia en el trabajo de Airef, pero tiene una trascendencia mucho mayor: sustraer del debate parlamentario los propósitos presupuestarios del Gobierno”, matiza Herrero. “Ha habido en ese aspecto una pérdida de información presupuestaria que considero muy grave”.
—¿Supone un deterioro de la calidad democrática?
—Es un deterioro, en mi opinión, de la institución del presupuesto, de la función del Parlamento en cuanto al control de la actuación del Gobierno. Tiene que haber un debate sobre lo que el gobierno pretende hacer, aunque el proyecto no se apruebe. El peligro es que se llegue a un momento en el que, este Gobierno u otro, piense que no pasa nada si no se presentan los Presupuestos y el plan presupuestario, si el plan fiscal estructural de medio plazo no contiene un escenario fiscal completo. Es una falta de transparencia hacia los ciudadanos.
Sin tener esa foto completa, continúa Herrero, es más complicado “estimar las consecuencias que las decisiones presentes puedan tener en la sostenibilidad futura”, que es justo el objetivo por el que tiene que velar el organismo. “El momento económico y presupuestario actual es bueno (…), pero si la situación no fuera tan positiva estaríamos viendo de manera más clara la necesidad de tener un Presupuesto y una planificación presupuestaria donde se tenga claro qué ajustes hay que hacer y cómo se reparten. Según nuestros cálculos, ya a partir de 2027, cumplir con los compromisos del plan fiscal estructural de medio plazo requerirá adoptar ajustes”, añade.
Otro foco de preocupación es el nuevo marco fiscal europeo, que Bruselas ha reformado tras la pandemia y que España no ha interiorizado en su legislación, alegando que el esquema nacional es más estricto. Una postura que la Airef rechaza de pleno. “No hay coherencia. Son tantos los cambios en el marco fiscal europeo, en su filosofía, que es imposible que supiéramos con la ley de estabilidad de 2012 que esto iba a pasar. El marco fiscal nacional ya no tiene ninguna credibilidad. Es necesario reformarlo de arriba a abajo”, insiste.
Sin embargo, descarta la idea de un choque permanente con el Ejecutivo, que por su parte ha objetado en más de una ocasión las conclusiones del organismo. “Creo que las críticas son siempre necesarias porque ayudan a pensar y a replantear las cosas. No me molestan ni la crítica, ni la discrepancia, ni el descontento que puedan expresar en un momento dado las administraciones o los Gobiernos destinatarios de nuestros pronunciamientos. Pero siempre desde el respeto y la lealtad institucional”, señala.
La misma lógica aplica a las recientes quejas sindicales por el informe sobre incapacidad temporal, en el que la Airef ha alertado de una “deficiencia estructural” en la gestión de las bajas. “¿Cómo vamos a proponer que se rebaje la protección a la que un trabajador (…) tiene derecho para mantener su nivel de renta cuando las cosas le vienen mal dadas por una enfermedad o por un accidente?”, defiende. El objetivo, dice, es garantizar eficacia y eficiencia: integrar información sanitaria y laboral, reforzar el INSS, ayudar al médico de atención primaria. “Creo que las propuestas que hacemos no tienen ningún sesgo liberal. Si así ha parecido, quiero aclarar que no es así. Es una prestación necesaria”.
—Siempre dice que el anterior presidente de la Airef y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, fue la persona adecuada para poner en marcha la institución. ¿Y usted?
—Para consolidarla y ampliar el foco al medio y largo plazo.
El actual director de Análisis Presupuestario del organismo, Ignacio Fernández-Huertas, ocupará de forma interina la presidencia de la Airef hasta que el Ministerio de Hacienda proponga un candidato, que debe lograr mayoría en el Congreso. Herrero se tomará ahora un breve descanso y estará a disposición del organismo para lo que precise durante la transición.
A la pregunta de si teme que el Gobierno intente colocar a alguien más condescendiente al frente del organismo, contesta que el candidato ideal debe contar con tres requisitos: la capacidad, formación y trayectoria necesarias, tener un proyecto claro y, lo más importante, entender la institución. “La supervisión fiscal es sostenibilidad y crecimiento económico. Es estar fuertes para afrontar crisis sin que el sistema de bienestar sufra”.
