Este 26 de febrero de 2026, el Consejo de la Judicatura activó los protocolos de seguridad frente a amenazas recibidas al juez Jairo García Mosquera, quien lleva el caso Goleada.
El pleno de la Judicatura, en un comunicado, expresó su respaldo al juez Jairo García Mosquera, quien informó al pleno de la institución que, en el ejercicio de sus funciones, recibió amenazas enmarcadas en el caso Goleada.
El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó al Ministerio del Interior que se incremente la seguridad para el juez Jairo García, ponente en el caso.
La Judicatura autorizó la modalidad de teletrabajo al 100 % para el juez de esta causa.
En el caso Goleada son procesados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus dos hermanos, Xavier y Antonio Alvarez, y ocho personas más por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
En el comunicado, la Judicatura señala que ante las amenazas recibidas activaron ”un protocolo de seguridad para salvaguardar la integridad del juzgador, así como la de su familia». Y añade: “Estaremos en constante seguimiento del caso y tomaremos las medidas para que todos los servidores judiciales actúen con firmeza ante la delincuencia”.
Este es el segundo caso en el que en menos de tres meses un juez recibe amenazas. El juez anticorrupción Carlos Serrano también denunció amenazas, y eso motivó inclusive un juicio político ante la Asamblea Nacional al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que terminó con su destitución y censura.
Cuando se revelaron las amenazas al juez Serrano, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y diez jueces de la Unidad Anticorrupción salieron a respaldar al juez y solicitaron a la Judicatura el fortalecimiento de los protocolos de seguridad a los operadores de justicia. (I)
