Durante la fase de presentación de pruebas de cargo y de descargo, los asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) presentaron seis pedidos de información, con el objetivo de que sean incorporados como prueba nueva dentro del pedido de juicio político en contra de Mario Godoy Naranjo, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura.
Los asambleístas de la RC acusan a Godoy de un supuesto incumplimiento de funciones por no observar el artículo 168 de la Constitución, relacionado con su deber de garantizar la independencia judicial y promover la transparencia en la administración de justicia. El acusado habría ejercido presiones a través de uno de sus colaboradores cercanos, Henry Gaibor, al juez anticorrupción Carlos Serrano, supuestamente, para beneficiar al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, antiguo cliente de la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, y procesado por narcotráfico.
Este sábado 31 de enero de 2026 concluye el plazo para que el acusado presente las pruebas de descargo y los solicitantes del juicio presenten las pruebas de sustenten sus afirmaciones. Hasta el mediodía del viernes, el presidente del Consejo de la Judicatura no contestaba a las acusaciones políticas realizadas.
Concluida esta etapa, a partir del lunes 2 de febrero, la Comisión de Fiscalización iniciará la etapa de actuación de prueba que durará hasta el día 10 de febrero, donde se recibirá la comparecencia de testigos y los acusadores y el acusado.
En la primera sesión del lunes, la mesa tiene previsto resolver si se incorpora o no la nueva prueba solicitada por los cinco asambleístas de la RC. Además se conocerá la matriz de las pruebas.
La asambleísta Viviana Veloz (RC), quien firma la solicitud de juicio político contra Godoy, el 19 de enero pidió que se realicen 25 pedidos de información al Consejo de la Judicatura con la finalidad de incorporarla como prueba nueva dentro del trámite de enjuiciamiento político.
Los pedidos se relacionan con copias certificadas de la comunicación remitida el 2 de diciembre de 2025 por el juez Carlos Patricio Serrano Lucero al Consejo de la Judicatura, mediante la cual solicita la restitución de la protección policial, tras el retiro de su escolta y un incidente relacionado con un carro bomba ocurrido en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte.
Copia certificada de la renuncia irrevocable presentada el 4 de diciembre de 2025 por el juez Carlos Serrano ante el CJ. La carta del mismo juez donde manifiesta el peligro que enfrenta su vida e integridad al ser obligado a continuar con sus labores jurisdiccionales.
También solicita una copia certificada del acta de la sesión extraordinaria n.° 098-2024 del pleno del Consejo de la Judicatura, en la cual se designó al abogado Henry Orlando Gaibor Flores como director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo. Así como la documentación sobre el procedimiento seguido para su desvinculación.
Copia certificada de la comunicación presentada por la abogada Samantha Nicole Lozada Zambrano, en su calidad de directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura, mediante la cual informó sobre las amenazas y el ataque armado del que fue víctima el 22 de octubre de 2025. También solicita las acciones realizadas frente a esas alertas.
También pidió el listado y copias certificadas de los expedientes disciplinarios iniciados en contra de la jueza Nubia Vera Cedeño, indicando la causa y el estado procesal de cada uno.
Pedido de información a la Secretaría de la Asamblea Nacional
Los legisladores proponente del juicio, el 19 de enero de 2025, pidieron que se oficie a la Secretaría General de la Asamblea Nacional para que facilite una copia certificada del audio y video de la sesión extraordinaria del 5 de enero de 2026, en la cual compareció Mario Godoy Naranjo ante la Asamblea Nacional, con la finalidad de incorporarla como prueba nueva dentro del trámite de enjuiciamiento político.
Igualmente se requiere una copia certificada del audio y video de la sesión n.° 095 de la comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, en la que compareció la jueza Nubia Vera, realizada el 26 de diciembre de 2024, así como la documentación entregada por la compareciente.
La prueba documental requerida resulta pertinente, conducente y necesaria para el esclarecimiento de los hechos que fundamentan el juicio político y para la adecuada determinación de la responsabilidad política del funcionario enjuiciado, señala la asambleísta Viviana Veloz, en el documento.
El 20 de enero de 2026, los legisladores proponentes del juicio político pidieron que se solicite a la Corte Nacional de Justicia, una copia certificada de la carta de renuncia presentada el lunes 12 de enero de 2026, por José Suing Nagua, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia.
Los legisladores también propusieron que se pida al Consejo de la Judicatura una copia certificada de las acciones y resoluciones tomadas por el Consejo de la Judicatura, sobre el caso del juez anticorrupción, Christian Quito Carpio Luvin, investigado por tráfico de influencias en el #CasoFachada, respecto de la suspensión de su cargo y destitución.
Los proponentes del juicio piden al Consejo de la Judicatura una copia certificada de la denuncia presentada el 19 de enero de 2026 a las 12:25 por presuntos actos de corrupción -cohecho- respecto del proceso por contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de esa institución, signado con el n.° LICS-CJ-2025-004, con presupuesto referencial $ 232.035,26.
Igualmente requieren de copias certificadas de las denuncias presentadas el último año por presuntos casos de corrupción.
Asimismo, solicitan una copia certificada de la denuncia por violencia sexual presentada en contra de Roger Tumalli, director nacional de Asesoría Jurídica, así como de las actuaciones realizadas y de las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Judicatura en relación con este caso. (I)
