La Asamblea Nacional dejará que transcurra el periodo de vacancia legislativa que se inicia este 22 de diciembre por quince días y luego hará espacio en la agenda plenaria para resolver la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, planteada por el titular de la legislatura, Niels Olsen.
Olsen, en calidad de presidente de la Asamblea Nacional, pidió que se ponga a consideración del pleno la solicitud de comparecencia de Godoy en atención a los hechos de conocimiento público difundidos en las últimas horas relativos a un caso de litigio vinculado con un juez, los que han generado preocupación ciudadana.
El caso se deriva tras la renuncia del juez de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con el Crimen Organizado por supuestas amenazas y presiones de un funcionario del Consejo de la Judicatura.
El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, se pronunció sobre las alertas del juez Carlos Serrano, sobre riesgos y amenazas a su integridad, y explicó que la institución no aceptó su renuncia porque el magistrado mantiene causas de conmoción social que requieren la emisión de sentencias por escrito.
Se conoció que tiene a su cargo al menos cinco causas que no ha sentenciado y que sería grave porque pueden caerse si se acepta su renuncia.
El pedido del presidente Olsen, de que se llame a Godoy al pleno de la Asamblea Nacional, se sustenta en lo que determina el numeral 21 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habilita la comparecencia con fines informativos de funcionarios, a petición de una bancada legislativa o de un legislador con el respaldo porcentual exigido por la Ley. La resolución para autorizar la comparecencia necesitará de al menos 77 votos, es decir, mayoría absoluta.
Si se acepta el pedido de comparecencia, se deberá realizar la convocatoria correspondiente a la autoridad requerida, indicando fecha, hora, modalidad y el alcance informativo de su comparecencia.
Olsen reiteró que la actuación institucional se realiza en estricto respeto al orden constitucional y legal, y que responde al deber de la Asamblea Nacional de velar por la transparencia y la rendición de cuentas, porque primero están el país y la confianza ciudadana en sus instituciones. (I)
