El Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a aplazar la resolución del pedido de corrección que presentó el partido Unidad Popular (UP), lista 2, a su cancelación del registro permanente de organizaciones políticas.
El pleno del organismo sesionó pasadas las 15:00 de este viernes, 8 de mayo de 2026, con tres consejeros suplentes: Mónica Noriega, María Cristina Kronfle, José Merino, y una titular, Diana Atamaint.
Los consejeros titulares Esthela Acero y Enrique Pita se excusaron de participar en la sesión; Elena Nájera solicitó licencia con cargo a vacaciones este 8 de mayo; y José Cabrera se acogió a sus vacaciones desde esta fecha.
En la reunión se debían tratar un oficio presentado por Nájera para frenar el proceso de cancelación de Unidad Popular; un escrito de María Cristina Kronfle; y dos oficios ingresados por Geovanni Atarihuana, director de esta organización política que, entre otras cosas, constatan que el plazo que tenía el CNE para resolver sobre el pedido de corrección precluyó y solicitan que se archive la iniciativa de cancelación de UP.
Sin embargo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, presentó una moción para que se solicite a las consejeras Nájera y Kronfle que presenten un proyecto de resolución sobre este tema y que se convoque a una nueva sesión del pleno para resolver sobre estos documentos.
La moción de Atamaint fue acogida con tres votos a favor y uno en contra de Kronfle, quien cuestionó la falta de celeridad por parte del CNE para resolver sobre este pedido de corrección de Unidad Popular.
El pasado 26 de abril, el CNE resolvió la cancelación de Unidad Popular del registro de organizaciones políticas tras concluir que este partido no cumple con el número de afiliados que obligan la Constitución y el Código de la Democracia para mantener su personería jurídica.
Sin embargo, Geovanni Atarihuana interpuso recursos administrativos de corrección en los que alega que sí cuentan con el número de afiliados.
El último fin de semana (2 y 3 de mayo) y al cierre del plazo de inscripción de organizaciones, la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, no concretó el voto de mayoría para ratificar la extinción del partido.
La sesión que se reinstaló el domingo con ese objetivo se suspendió porque la consejera Elena Nájera no asistió y, hasta el momento, no se volvió a reinstalar.
Por ello, en el listado del registro nacional se aclara que UP está cancelada, pero aún hay recursos pendientes por resolver.
¿Qué pide Unidad Popular?
En los oficios remitidos al CNE el 3 y 8 de mayo, la agrupación política sostiene que la pretendida cancelación se ha desarrollado por fuera de todo principio jurídico, norma, reglamento, razón y lógica.
En este marco, Unidad Popular solicitó que se la mantenga en el registro permanente de organizaciones políticas, reconociendo su vigencia y habilidad para participar de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 y que se archive el proceso de cancelación.
“Toda actuación posterior orientada a ejecutar o insistir en la cancelación de Unidad Popular implicaría una actuación dictada sin competencia temporal, en abierta vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza electoral, participación política y debido proceso”, rezan los escritos.
En el último documento oficiado al Consejo Nacional Electoral, solicitó:
- Que, el pleno del Consejo Nacional Electoral disponga el archivo inmediato del improcedente proceso de cancelación, al haberse configurado una pérdida de competencia temporal y una imposibilidad jurídica sobrevenida que torna jurídicamente imposible su resolución válida.
- Que, se reconozca la plena vigencia jurídica y electoral de Unidad Popular– Lista 2, manteniéndose a la organización política en el registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.
- Que, se garantice el derecho de esta organización política a ser recibida en comisión general ante el CNE.
- Que, al momento de resolver, el pleno del CNE observe, incorpore y valore integralmente los argumentos expuestos en los escritos presentados por Unidad Popular, así como los criterios jurídicos de las consejeras Elena Nájera y María Cristina Kronfle.
(I)
