Luego de que la audiencia de juzgamiento del caso Sinohydro no se instaló el último jueves, 25 de junio, debido al desalojo que se dio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por una amenaza de bomba con un cartel con frases contra jueces en el Complejo Judicial Norte, la mañana este viernes, 26 de junio, continuaron interviniendo las defensas de los 21 acusados del delito de cohecho.
La jornada 25 de una audiencia que se analiza una trama de sobornos que habría ocurrido entre los años 2010 y 2018, en el proceso de contratación de la empresa pública china Sinohydro para la construcción de Coca Codo Sinclair, arrancó con la intervención de Felipe Rodríguez, abogado de Priscila Burneo, una de las personas acusadas cómplices.
A lo largo de la audiencia la defensa de Burneo ha señalado que la Fiscalía no ha podido demostrar la culpabilidad de su representada, más aún cuando a ella se le acusó por un solo hecho: firmar un acta el 23 de febrero de 2010.
“Ya he probado con la propia prueba de Fiscalía que ella nunca firmó el acta. Creo que a la Fiscalía le ha quedado claro esa parte, y, por lo tanto, han dejado de hacer preguntas sobre Priscila Burneo. (…) A Priscilla no se le acusa de recibir dinero, a ella nadie le acusa de recibir dinero para sobornar a nadie. (…) Con Priscila ha sido muy claro el fiscal que a ella no le acusa de haber entregado soborno alguno a ninguna persona”, indicó Rodríguez.
Previo a la intervención de la defensa de Burneo, en las jornadas del martes y miércoles, 23 y 24 de junio, intervinieron presentando su prueba testimonial, pericial y documental los abogados del exvicepresidente Lenín Moreno y personas de su entorno familiar que habrían intervenido en la repartición de más de $ 1 millón recibidos a modo de sobornos por actos que permitieron que la empresa pública china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
El fiscal general encargado Carlos Alarcón asegura que en esta causa la empresa Sinohydro entregó a modo de sobornos más de $ 76 millones, de los cuales algo más de $ 1 millón llegaron al grupo del exvicepresidente Moreno, el cual estaba conformado por su esposa Rocio González, su hija Irina Moreno, sus hermanos Guillermo y Edwin Moreno y su cuñada Martha González.
Todos, a excepción de Moreno, rindieron testimonio para apalancar la teoría de inocencia que maneja sus respectivas defensas. Del exvicepresidente se dijo que no intervino en la fase precontractual y contractual del proceso de contratación de Sinohydro para la construcción de Coca Codo Sinclair y que no tenía la posibilidad de suscribir o adjudicar contrato alguno en esa área.
En el segundo día intervención de las defensas de los acusados participaron siete más de los procesados, entre ellos, Conto Patiño, el empresario y amigo personal de Lenín Moreno al que la Fiscalía acusa de que le llegó a cuentas “personales, corporativas y de compañías”, de familiares y abogados en libre ejercicio cerca de $ 58.8 millones.
El fiscal general encargado Carlos Alarcón asegura que ha quedado sustentado con su prueba que en contexto de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la empresa china Sinohydro pagó $ 76.1 millones en sobornos a través de personas jurídicas, por medio de cheques y transferencias.
Priscila Borneo, nieta de Conto Patiño, es la decimotercera procesada en intervenir para desvirtuar, con su prueba, la teoría de la Fiscalía. La jornada de este viernes se cerró cerca de las 12:00 y se anunció que el próximo lunes continuará Rododríguez con la presentación de una perito contable. Se convocó para reinstalar la audiencia de juicio para el próximo 2 de julio, a las 09:00.
Aún restan por intervenir ocho defensas de acusados, por lo que se cree que la próxima semana la diligencia ya podría cerrarse en lo que respecta a la presentación de la carga probatoria de los sujetos procesales.
En los primeros 21 días de la diligencia la Fiscalía presentó su prueba, la cual incluyó 19 pericias, 29 testimonios y cerca de 90 pruebas documentales. La información expuesta consistió en explicaciones técnicas emitidas por peritos expertos en áreas como finanzas, criminalistica, traducción e información societaria; relatos de personas convocadas para aportar información relevante sobre los hechos investigados; informes, 14 Asistencias Penales Internacionales solicitadas a Panamá, Belice, España, Estados Unidos y Suiza, oficios, registros, estados de cuenta y otros documentos incorporados al proceso.
Cerrada presentación de la prueba, la diligencia se supendería para que los jueces nacionales Manuel Caberra (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga, entren en proceso de deliberación, una vez se escuchen los alegatos de clausura. Ahí la Fiscalía pedirá, con base en los elementos de prueba expuestos, cuál es la pena de cárcel y pecuniaria para los procesados y en calidad de qué deben ser sentenciados. (I)
