El creciente número de bajas laborales entre los trabajadores desde la pandemia y su coste asociado para las empresas y para el Estado se han convertido en una auténtica china en el zapato para Gobierno, patronal y sindicatos. En un intento de atajar el problema —que afecta a entre el 30% y el 50% de los trabajadores cada año y cuesta más de 30.000 millones anuales a la Seguridad Social y a las compañías— el Ejecutivo abrió una mesa de diálogo social para acordar medidas que mejorasen la gestión de estas bajas y frenaran o revirtieran el problema. Sin embargo, tras numerosas reuniones en el último año, estas negociaciones se encuentran en punto muerto.
